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Políticas progresistas para disminuir el fenómeno de la prostitución

Por Lourdes Muñoz Santamaría

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Revista Trasversales número 7, verano 2007


El fenómeno de la prostitución es complejo y debemos analizarlo teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en él: las migraciones, la feminización de la pobreza, el consumismo generalizado, las personas en situación de prostitución -generalmente mujeres-, las organizaciones que se lucran de la prostitución y quienes consumen prostitución, generalmente hombres.

Participar en la Ponencia del Congreso sobre el estudio de la prostitución en España me ha permitido poder contrastar visiones provenientes de diversos ámbitos: judicial, económico, de atención a las mujeres, psicológico, policial, internacional, vecinal, laboral. No me cabe ninguna duda que las políticas progresistas deben encaminarse a disminuir el fenómeno de la prostitución.

La situación de la prostitución en España

La gran mayoría de las mujeres en situación de prostitución (más del 90%) son extranjeras en situación irregular y son víctimas de las redes. Su realidad es que la mayor parte de ellas se encuentran en la semiesclavitud: sufren extorsiones, amenazas, privación de libertad y padecen una fuerte dependencia de las organizaciones que las explotan. Al mismo tiempo, la falta de información y su aislamiento les impide acceder a los recursos para poder ejercer sus derechos, lo que agudiza su vulnerabilidad. Ni siquiera disfrutan de condiciones básicas, ya que muchas malviven hacinadas en pisos o en los mismos locales donde son explotadas sexualmente.

Además, la actividad de la prostitución no es inocua y tiene graves consecuencias para la salud de quienes están en ella. La mayoría de mujeres que han estado en situación de prostitución padecen importantes daños psicológicos que son difícilmente recuperables. Según un estudio realizado por Melissa Farley, el 76% de ellas sufre estrés postraumático.

Las organizaciones que se lucran de la prostitución son mafias criminales de ámbito transnacional. El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas. Según la Asociación de propietarios de clubes de alterne en España mueve 18.000 millones de euros al año.

En los últimos años se ha incrementado la prostitución y el tráfico de mujeres en nuestro país y según muchos expertos una causa determinante ha sido la despenalización del proxenetismo con la reforma del Código Penal de 1995 a 2003. Desde finales del 2003 vuelve a estar penalizado.

Analizar toda esta situación nos conduce a dos conclusiones claves para decidir qué políticas públicas debemos aplicar:

- El fenómeno de la prostitución y la trata y el tráfico de mujeres están absolutamente relacionados y no se pueden desligar. Las actuaciones en cada una influyen de forma determinante en la otra.

- Existe explotación sexual aunque haya consentimiento siempre que haya situación de vulnerabilidad. Según el Protocolo de Palermo y así como otros acuerdos internacionales (ONU y UE), recoge “El consentimiento de una víctima de la trata de seres humanos a la explotación, prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando ...”, “hay abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad, de manera que la persona no tenga una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso” (Entre otras situaciones).

¿Por qué no regular la prostitución como un trabajo?

En España, ante esta realidad, la respuesta de los poderes públicos no debe pasar por regular la prostitución como un trabajo más ni penar a los clientes, sino por intensificar la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las administraciones públicas deben centrarse en la lucha contra estas redes criminales que se lucran de la explotación sexual y el apoyo a las víctimas. Este es el fenómeno mayoritario y el que genera una gran problemática social.

Regular la prostitución como un trabajo no es la mejor opción por varias razones. En primer lugar, porque supondría un incremento tanto de la prostitución como del tráfico irregular de mujeres y empeoraría notablemente la situación de las mujeres víctimas del tráfico que, no lo olvidemos, son la inmensa mayoría. Después de que el proxenetismo y los prostíbulos se despenalizasen en Holanda en el año 2000, la industria del sexo se ha expandido un 25% y se calcula que el 80% de las mujeres en situación de prostitución, tras la legalización, han sido traficadas desde otros países. La legalización de la prostitución en el Estado australiano de Victoria ha supuesto también una expansión de la industria del sexo. En 1989 había 40 prostíbulos legales en Victoria, y en 1999 la cifra se había elevado ya a 94, junto con 84 que ofrecían servicio de acompañante.

A su vez, tendría un difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico, ya que chocaría tanto con preceptos constitucionales como la dignidad humana y la igualdad, como con el derecho laboral a disponer de un trabajo digno. Y por último, aunque no por ello menos importante, porque supondría la normalización de la prostitución en nuestra sociedad.

Sólo hay prostitutas en los países ricos si existen mujeres traficadas de los países pobres. ¿Tiene sentido, desde una óptica global de izquierdas normalizar o aceptar el consumo de prostitución por parte de los hombres de los países ricos de mujeres de los países pobres? ¿Y contribuir a que sea ésta una de las estrategias de sustento económico de muchos países pobres?

Como dijo Somaly Man, mujer que fue traficada y prostituida siendo una niña y que, en la actualidad, es Presidenta de AFESIP (Acción para las mujeres en situación precaria): ”Las mujeres de los países pobres necesitamos a España y os decimos: cuidado con tomar aquí un camino fácil hacia la regulación, no hay que regular”.

Los avances progresistas han ido encaminados a limitar los contratos entre personas individuales precisamente para proteger a los más débiles. Un claro ejemplo es el logro de las clases trabajadoras europeas del límite de 40 horas semanales a la jornada laboral que, evidentemente, se realizó para evitar el abuso de poder. Siempre puede haber trabajadores en situación social o personal precaria que estén dispuestos a aceptar jornadas de 50 y 60 horas.

¿Eliminaremos el derecho de la jornada máxima de 40 horas por ello? ¿Para conseguir más protección durante esas horas rebajaríamos un derecho de todos los trabajadores? La gran mayoría de comparecientes apostaron por no regular la prostitución como un trabajo (36 frente a 18 que optaban por regular) y ésta es también la opinión que han aportado las gran mayoría de asociaciones que trabajan directamente con mujeres en esta situación.

¿Cómo deben actuar los poderes públicos?

Las Administraciones Públicas deben priorizar la lucha contra el tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. El Estado debe intensificar y mejorar la lucha contra la explotación sexual, es clave poner en marcha un plan contra la explotación sexual, ésta es la principal recomendación de la ponencia del Congreso.

Este plan debe priorizar tres ejes:

1. Intensificar la lucha contra el tráfico y la trata de personas

Reforzar los instrumentos policiales y judiciales de los que disponemos para actuar contra las organizaciones delictivas como por ejemplo la declaración anticipada, el desarrollo de la ley de testigos protegidos o el establecimiento de un periodo de reflexión con apoyo a las víctimas para incentivar las denuncias. Es importante fomentar y facilitar la decisión de denunciar a estas redes. La prueba anticipada es un recurso que se utiliza en el caso de menores, y se trata de que la declaración inicial grabada sirva en el juicio, ya que en muchos casos, en el momento del juicio, las mujeres no son localizables y por tanto no hay declaración contra los delincuentes. Por otro lado, en Italia existe lo que se llama el periodo de reflexión que consiste en dar la posibilidad a estas mujeres de ser atendidas por psicólogos y juristas en casas de acogida durante un periodo de tiempo y una vez estén “mínimamente” recuperadas decidan si denuncian o no. Se consigue así ayudar a las víctimas y, por otro lado, más eficacia en la lucha contra las mafias.

2. Incrementar la atención integral a las mujeres en situación de prostitución

Las mujeres víctimas de explotación sexual se han de situar en el centro de la atención de los poderes públicos, impulsando medidas de apoyo a las víctimas y ofreciéndoles alternativas sociales y de vida. Se debe desplegar un sistema para la atención, protección y recuperación de las víctimas y actuar coordinadamente desde los ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales.

Si en algo coinciden las asociaciones que trabajan atendiendo a estas mujeres es en la falta de recursos de soporte a las víctimas y en que éstos sean adecuados a su nivel de vulnerabilidad, su falta de información y de recursos sociales.

Algunas de las medidas que propone la Ponencia sobre el estudio de la prostitución en España son:

- Garantizar la existencia y el acceso a una red de servicios de atención a las víctimas de explotación sexual en todo el territorio español.

- Ofrecer planes para posibilitar otras opciones de vida a estas mujeres facilitando su integración socio-laboral. Impulsando, por ejemplo, una renta de inserción activa para todas aquellas que opten por abandonar la situación de prostitución. Trabajar para que las mujeres tengan alternativas laborables dignas y autonomía económica, no para normalizar el que tengan que aceptar ser explotadas.

- Contemplar, a la vez, su recuperación emocional y psicológica y destinar recursos a mejorar su nivel de formación, cultural y educativo.

- Realizar programas de formación con los países de origen para evitar la entrada en nuestro país de mujeres inmigrantes que son traficadas.

- Asegurar la asistencia a las víctimas de explotación sexual garantizando la protección de sus derechos e intereses.

3. Medidas de sensibilización para disminuir el fenómeno de la prostitución.

En este sentido, las preguntas que debemos plantearnos, son las siguientes: ¿Queremos que haya menos prostitución en nuestro país? ¿queremos que haya menos demanda? La respuesta, en ambos casos, es sí. La opción no es penar a los clientes, ni prohibir la prostitución, sino trabajar en la sensibilización de la sociedad con el objetivo de no normalizar la prostitución. Para ello, es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la situación degradante en que viven la inmensa mayoría de estas mujeres.

Una de las propuestas realizadas que más impacto informativo ha tenido ha sido que los medios de comunicación optasen, a través de sus códigos deontológicos, por no incluir anuncios de prostitución. Después de que la Ponencia realizara esta recomendación el diario 20 minutos decidió eliminar los anuncios de prostitución.

Contrariamente a lo que sucede en otros países europeos, la publicidad de prostitución supone una importante fuente de ingresos para los principales periódicos generalistas y prestigiosos en España. Por ejemplo, se calcula que el periódico de mayor tirada en nuestro país ingresa un total de 5 millones de euros al año en este tipo de anuncios.

Se ha de cambiar la percepción social con el objetivo que no se normalice la prostitución como una opción, ni como una posibilidad de consumo, se debe sensibilizar de la situación de explotación y vulneración de derechos humanos que hay detrás de cada mujer prostituida, muchas veces menores. Hay un paralelismo con la tolerancia cero necesaria en la sociedad para acabar con la violencia de género.

Aclaraciones sobre tópicos y falsas creencias

Tras las conclusiones de la ponencia del Congreso que opta por no regular la prostitución como un trabajo ni penar a los clientes, sino intensificar la lucha contra la trata y la explotación sexual, aparecen ciertos tópicos y falsas creencias como que no regular la prostitución como un trabajo es equivalente a “no hacer nada”.

Este Informe propone un importante impulso de medidas. Es la primera vez que, en democracia, el Estado afronta el problema de la prostitución. Supone que el Estado de derecho luche contra la explotación sexual. Recoge 47 medidas que van a ser incluidas en el Plan contra la explotación sexual que presentará el Gobierno (7 generales, 4 de sensibilización, 6 de formación, 13 de atención a las víctimas, 13 legislativas y policiales y 4 internacionales).

Tenemos algunos datos muy claros sobre la situación, como el hecho de que más del 90% son extranjeras, mayoritariamente en situación de irregularidad.

Como nos aportan, por ejemplo, los datos de la Guardia Civil que nos informan que hay “249 ESPAÑOLAS DE 20.000 PROSTITUTAS”, un 1,3 %. Se trata de un informe consolidado y que goza de toda fiabilidad pero aún así consideramos que es necesaria más información; es necesario un estudio en profundidad de la situación.

No hay una situación de alegalidad en nuestro país, las leyes no son ambiguas. La prostitución no está prohibida ni perseguida. Que una mujer esté en situación de prostitución no es un delito. Las actividades penadas son el proxenetismo (lucrarse de la prostitución de otra persona) y la trata de personas con fines de explotación sexual. Otra cuestión es que no es una actividad regulada ni considerada un trabajo.

Se suele creer que regular la prostitución como un trabajo beneficia a las prostitutas. Nada más lejos de la realidad, la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (CATW) ha realizado importantes estudios sobre el tráfico sexual y la prostitución. En estos estudios, las mujeres que estaban en la prostitución indicaban que, tanto si se encontraban en establecimientos de prostitución legales como si estaban en ilegales, éstos hacían muy poco para protegerlas a ellas. “En caso de proteger a alguien, protegen a los clientes’’. Y el 80% de las mujeres entrevistadas sufrieron violencia física por parte de los proxenetas. Y un dato muy relevante: la mayoría de las mujeres que han ejercido la prostitución en los países donde está legalizada como un trabajo no quieren que su situación quede registrada en su expediente laboral.

Los objetivos finales

El objetivo último debe ser disminuir la prostitución en nuestro país y luchar eficazmente contra el tráfico y la trata con fines de explotación sexual. Y sólo en una sociedad sensibilizada e informada sobre este fenómeno que practique la tolerancia cero podremos conseguirlo.

Una sociedad justa y democrática debe actuar ante las 200.000/300.000 (aproximadamente) mujeres víctimas de explotación sexual en España, cuyos derechos humanos son vulnerados, debemos optar por reducir esta cifra.

La prioridad de la actuación de los poderes públicos debe ser apoyar a las víctimas de forma decidida y ofrecerles alternativas sociales y de vida.

P.-S.

Lourdes Muñoz Santamaría es Diputada en el Congreso por Barcelona y Secretaria de Política de las Mujeres del PSC


- INFORME DE LA PONENCIA DE PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA


2007-08


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