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¿Que podemos hacer contra los malos tratos?

Por Isabel Navarro

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Más de 60 mujeres han muerto este año. Más de 60 víctimas a las que no ha servido de nada la ley integral contra la violencia de género. Cuatro expertos analizan si se pueden evitar estos crímenes. Hablamos con la secretaria de Estado de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo; la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Martínez del Campo; la responsable de investigación y políticas de Amnistía Internacional; y el presidente de la Sociedad Española de Psicologia de la Violencia.


La Ley Integral contra la Violencia de Género suscitó grandes esperanzas. Sin embargo, tres años después las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas. Ya van más de 60 este año. Números fríos con historias escalofriantes: al 42% las mataron a cuchilladas, al 12% las han estrangulado, al 7% les han dado una paliza mortal... La mayoría ha muerto en lunes o festivos, tenía entre 25 y 34 años, y vivía en un entorno rural. Desde 2002 se han creado más de 80 juzgados de violencia doméstica, pero se han interpuesto 133 cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley Integral, mientras algunos jueces reclaman más autonomía para tomar las medidas de alejamiento, ahora automáticas. Hay quien dice que las mujeres sacan partido de las acusaciones en los divorcios, pero los colectivos feministas creen que estas opiniones sólo causan vergüenza y miedo en las maltratadas, cuyo valor es frágil. El 25 de noviembre el mundo recuerda a las víctimas, una excusa para analizar qué está fallando.

¿TAMBIÉN HAY DESIGUALDADES?

MUJER HOY. La última novedad en la lucha contra la violencia es el 016. Este número de atención e información recibió una avalancha de llamadas los primeros días.

SOLEDAD MURILLO. Es curioso, pero algunos llamaron sólo para saber si funcionaba. Hubo 4.000 llamadas en 33 horas. No esperábamos tantas llamadas de familiares y amigos preguntando cómo ayudar a las víctimas. Con esta línea hemos tratado de garantizar el equilibrio territorial, porque en algunas comunidades autónomas no hay teléfono 24 horas. MH. Amnistía Internacional ha denunciado esa desigualdad de las víctimas. ¿Es lo mismo ser maltratada en Galicia que en Madrid? GIULIA TAMAYO. No lo es. En algunas comunidades sacan adelante refugios y en otras se devuelve el presupuesto.

ANA MARÍA MARTÍNEZ DEL CAMPO. Las víctimas no son tratadas igual y en eso tiene mucho que ver cómo se entiende políticamente la violencia.

SOLEDAD. No podemos olvidar que las competencias son de las comunidades autónomas. Aún así, el Gobierno ha ayudado con 24 millones de euros.

GIULIA. Pero esto no es excusa, porque sólo se cede la gestión de los recursos. Se han adoptado medidas importantes, pero las estadísticas dicen que la realidad no ha variado.

SOLEDAD. Me gustaría que la ley se valorara como las demás: nadie dice que si hay delitos es porque el Código Penal no sirve.

EL PAPEL DE LOS JUECES

MH. ¿Qué les parece la declaración de Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, diciendo que el alejamiento de los agresores condenados no debe ser obligatoria?

SOLEDAD. Aquí chocan los principios de presunción de inocencia y defensa de la vida. Le he dicho a Montserrat que no estoy de acuerdo, porque pone el foco en facilitar su tarea a los jueces y no en las víctimas.

ANA MARÍA. El alejamiento es necesario porque los presuntos agresores no entran en prisión; es la única forma de proteger a las mujeres. Comas dice que habría que dejar al arbitrio judicial esta medida si hay una sentencia de culpabilidad, y eso es muy peligroso.

GIULIA. Sin penas mayores de tres años, no entran en prisión.

ANA MARÍA. Con esa modificación, ni cárcel ni alejamiento.

GIULIA. Ni reparación, porque éstas incluye indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición, derechos que los jueces no están teniendo en cuenta, ya que no sancionan de acuerdo con la gravedad del delito.

ANA MARÍA. Por desgracia, jueces, psicólogos, abogados y policías no han sido formados para lidiar con esta violencia.

MH. La decana de los jueces de Barcelona, María Sanahúja, ha atacado la Ley Integral porque, según ella, abre las puertas a las denuncias falsas.

SOLEDAD. No ha presentado ni un dato que avale sus tesis. Es irresponsable decir eso.

GIULIA. Es paradójico que los denunciados tengan todas las garantías en un juicio, mientras que el acceso a la Justicia de las víctimas falla dramáticamente.

ANA MARÍA. Hay jueces que le quitan el hijo a la madre y se lo dan al agresor con éste argumento: ?Si usted se va a un centro de acogida, debería llamar a su marido y decirle dónde está para que él pueda ver al niño?. Increíble.

ANDRÉS MONTERO. Si un juez establece que el régimen de visitas a un niño es independiente de que el padre sea maltratador, está diciendo que no es víctima de la violencia.

MH. Pero un niño necesita a su padre y a su madre.

ANDRÉS. Sí, pero no a cualquier precio. Los trastornos que sufren son paralelos a los de las mujeres. Su referente materno está anulado, por lo que sólo les queda uno: el del agresor. El niño puede adoptar tres roles: comportarse como él, optar por el modelo de sumisión o no elegir ninguno y estar desconectado interpersonalmente para el futuro.

ANA MARÍA. El más abandonado es el niño brillante, ése del que su madre dice: ?A éste no le ha afectado?. Le afecta igual, pero necesita centrarse en algo para olvidar la violencia. El que maltrata no ama, ni a su mujer ni a sus hijos, que viven un combate por el amor que nunca van a alcanzar. Hay que ocuparse y preocuparse de esos niños.

ANDRÉS. Hay que pedir doble imputación: a la mujer y al niño. La Ley Integral es un paso, pero hay que legislar más.

LOS RECURSOS CONTRA LA LEY

MH. Los 133 cuestiones de inconstitucionalidad, ¿crean inseguridad?

ANDRÉS. Es normal que haya gente en desacuerdo. El problema de la violencia está inscrito en un código social de dominación masculina. La Constitución no está libre de desigualdad de género, cuando ha sido creada por una sociedad desigual.

GIULIA. La Constitución debe interpretarse según las normas internacionales de derechos humanos y parece que quien promueve esos recursos lo ignora.

SOLEDAD. Cuestionan que la Ley diga que si el hombre amenaza y pega a la mujer es delito, pero si ella pega al hombre es falta. Apelan a la igualdad ideal, pero la sociedad no es ideal. A los maltratadores no les atemoriza la amenaza de una mujer, la ley no puede tratarlos igual.

¿ES POSIBLE LA REHABILITACIÓN?

MH. ¿Están a favor de los tratamientos?

ANDRÉS. Sí, pero en prisión. La ley, con buen criterio, sólo habla de tratamientos cuando está refiriéndose al castigo penal. Estamos hablando de rehabilitación de un condenado. Debe darse en prisión o en un contexto penitenciario, si no hay internamiento, que es lo habitual. Entre un 40% y 50% funcionan.

ANA MARÍA. Pero hay que hablar de números: un 50% de dos es uno. El número de quienes acuden a estos tratamientos es mínimo y el de los que abandonan, máximo. Dentro de la cárcel es voluntario, pero tiene beneficios penitenciarios. Algunos tratamientos son milagrosos: en cinco sesiones dejan de ser maltratadores, es increíble. SOLEDAD. Que la violencia sea un negocio es un problema.

ANDRÉS. La terapia efectiva es la que modifica la personalidad del sujeto. Es larga y requiere voluntad del agresor, tiempo y especialización. El problema no es que sea violento, que también, sino que cree que tiene derecho a dominar; está convencido de que debe aplicar la violencia como un instrumento de corrección de la realidad.

MH. ¿Habría que exigir unos estándares para estos tratamientos que sustituyen la pena?

SOLEDAD. Estamos trabajando para unificar criterios. Un cambio de identidad es no encontrar ventajoso ser una persona que domina. Me llama la atención, cuando leo los atestados policiales, cómo el agresor espera el mejor momento para matar y después reconoce a otra justicia (porque él ya ha aplicado la suya): llama a la policía y da los detalles. No hay arrepentimiento.

ANDRÉS. Desde el punto de vista del tratamiento psicológico, todos los programas subvencionados con fondos públicos deben tener unos criterios de evaluación y transparencia, tienen que estar obligados a rendir cuentas.

MÁS VÍCTIMAS INMIGRANTES

MH. Las víctimas mortales de nacionalidad extranjera ha crecido en los últimos años: son un 39%, mientras que suponen el 10% la población. Algunos colectivos sugieren que el número de muertas ha crecido porque traen sus valores patriarcales y machistas. ¿Están de acuerdo?

GIULIA. La violencia contra las mujeres es producto de la desigualdad. Si crecen las condiciones de vulnerabilidad, se incrementa también la sobreexposición a la violencia. Las inmigrantes, sobre todo las que tienen dificultades lingüísticas, tienen menos posibilidades de salir del circuito de la violencia. Además, las indocumentadas temen ser objeto de una orden de expulsión. No es que a España se esté exportando un modelo patriarcal desde el Tercer Mundo. Las estadísticas no hablan sobre la nacionalidad de los agresores, pero en muchos casos son españoles. El derecho a la vida debe prevalecer sobre políticas migratorias.

SOLEDAD. Una mujer que esté ilegal y denuncie que sufre violencia no es extraditada.

GIULIA. Con dos condiciones: que haya orden de alejamiento y sentencia condenatoria.

SOLEDAD. Sobre el papel es así, pero hemos pedido a la policía que no extradite. No hemos dado publicidad porque no queremos una avalancha.

GIULIA. Pensar que las mujeres van a usar las denuncias para quedarse en el país (o para sacar ventaja en un divorcio) es un apriorismo que culpabiliza a la víctima, una vez más. Los mecanismos de investigación están para que no ocurra.

SOLEDAD. Nos preocupa que no les llegue información. De hecho, una persona sin papeles puede denunciar y tiene todos los derechos. Eso se garantiza. El problema es que las inmigrantes están mediatizas por sus asociaciones y por la Iglesia Evangélica, que es donde acuden. Yo quiero contactar con ellas, pero al citar a las asociaciones sólo vienen los señores. ¿Dónde están las señoras y las redes de ayuda? Estamos pensando en usar a los mediadores culturales, porque en las asociaciones sólo hay varones.

GIULIA. Algunas están reagrupadas por el marido y pueden perder su derecho a estar aquí.

ANA MARÍA. Las latinoamericanas acuden a sus iglesias, donde les dan un mensaje de sacrificio y tratan de sacarlas de los centros de acogida.

GIULIA. Si no cuentan con recursos, es fácil que caigan en redes de prostitución. Si tienen una sentencia firme pueden conseguir la residencia sin permiso de trabajo, pero para romper con la violencia hay tener autonomía económica y muchas acaban volviendo con su agresor porque no ven otra salida: ni autonomía económica por la vía de las ayudas (que sólo son para las españolas) ni por la del permiso de trabajo.

ANA MARÍA. Tener recursos es una ventaja, pero las maltratadas son las que más trabajan. El primer mecanismo de dominación del maltratador es impedir su acceso al dinero.

MH. Según las encuestas, son las mujeres con trabajos no cualificados las que más mueren.

SOLEDAD. Pero las jóvenes que mueren son universitarias en un alto porcentaje.

GIULIA. Lo que está claro es que el cambio debe de venir de ellas mismas, pero hay condiciones que pueden favorecer esos procesos.

¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?

MH. Con más de 60 muertas este año, ¿qué debe cambiar?

GIULIA. Hay que poner todos los medios a disposición de las mujeres y conseguir que las palabras se conviertan en hechos. Las comunidades autónomas tienen que responder en la misma dirección que la ley. Además, el acceso a la Justicia sigue siendo el gran desafío: mientras los maltratadores piensen que sus actos no van a tener consecuencias, nada les va a detener.

SOLEDAD. Todos hemos empezado a considerar hace poco que la violencia es producto de la desigualdad. Debemos tener mujeres en los más altos niveles de decisión. Y es importante que empecemos a hablar de otra manera. El hombre siempre está ausente del discurso: se habla de prostitutas y no de clientes; de conciliación sin hablar del padre y de víctimas de la violencia sin nombrar al asesino.

ANA MARÍA. Hay que decir a los jueces que cumplan la Ley desde la filosofía que la inspira. Y a los medios de comunicación que den la palabra a las víctimas a través de las asociaciones que las representamos.

ANDRÉS. Para mí, lo fundamental es que se persiga al agresor y que la sociedad lo vea como lo que es: un dictador. Hay dos millones y medio de dictaduras en el seno de nuestra democracia, regímenes de terror cotidiano que utilizan los mismos medios de tortura y las mismas tácticas que una dictadura militar.

FOTOGRAFÍA:

1. Soledad Murillo. Secretaria de Estado de Políticas de Igualdad

2. Ana María Martínez del Campo. Presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas

3. Andrés Montero. Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia

4. Giulia Tamayo. Responsable de investigación de Amnistía Internacional


Fuente: Mujer Hoy


2007-11


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