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Historia de la Ley Integral contra la violencia de género española

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Apuntes para no olvidar la historia de los orígenes de la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en España en diciembre del 2004.


Durante los años 1998 y 1999 las organizaciones de mujeres que trabajaban en el estudio de la violencia de género y en la atención a las víctimas, plantean la necesidad de una Ley Integral contra este tipo violencia. Su planteamiento es que se trata de un problema de Estado y que es necesario afrontarlo con políticas en todos los ámbitos.

En la campaña electoral del 2000 el Presidente del Gobierno José María Aznar, en aquel momento candidato del Partido Popular, se comprometió en una reunión con la Plataforma de Mujeres Artistas celebrada en el Palacio de la Moncloa el 9 de febrero del 2000 a poner en marcha una Ley Integral en caso de llegar a gobernar, durante la campaña en diversas ocasiones también Javier Arenas asumió públicamente la propuesta.

En el mismo sentido se manifestó el PSOE, y así Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en el mes de junio de ese año pidiendo al Gobierno que llevara a la Cámara una iniciativa legislativa en cumplimiento de este compromiso común. La moción fue rechazada.

El PSOE inició los trabajos de elaboración de una Proposición de Ley integral contra la violencia de género, en la que participaron personas expertas en el ámbito jurídico (penal, civil, procesal, laboral), así como en el sanitario, y educativo, y sobre todo contó con las aportaciones de quienes desde el movimiento de mujeres llevaban años luchando contra la violencia de género.

El Grupo Parlamentario socialista presentó además una proposición no de ley que pedía la creación de una Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con rango de Secretaría de Estado. Esta propuesta también fue rechazada.

Estas dos iniciativas del PSOE son importantes porque llevan el problema de la violencia contra las mujeres al mayor rango tanto administrativo como en cuanto a derechos:

- La creación de una Delegación del Gobierno implica que quien se ocupa de combatir esta violencia tiene capacidad para coordinar acciones de gobierno que afectan a diversos Ministerios, y además recursos y poder político suficiente para tomar las medidas que sean adecuadas.

- Una Ley integral resulta de especial interés especialmente en dos aspectos fundamentales:

Por una parte, regular las medidas contra la violencia por Ley Orgánica significa que convertimos el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de cumplir. Significa que las personas tienen derecho a ser educadas en igualdad, que quienes atenten contra este derecho serán castigados, que las mujeres tienen derecho a su recuperación y a ser acogidas adecuadamente – por lo tanto nunca puede pasar que no puedan acceder a una Casa de Acogida porque no hay plazas, como ocurre en la actualidad - , que tienen derecho a las ayudas económicas que regula la ley – por lo tanto nunca puede pasar que se acaban las ayudas porque no hay partida presupuestaria suficiente -, que tienen derecho a la atención adecuada y especializadas por parte de policías, jueces, personal sanitario, etc...

Por otra parte, esta propuesta es importante porque es integral, es decir afecta a todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia de género, desde la prevención a la protección, a la atención sanitaria, social, laboral, etc.. y además hace posible la coordinación judicial.

Es en esta línea en la que Grupo Socialista presenta en el Congreso de los Diputados su Proposición de Ley Orgánica Integral contra la violencia de género, registrada en diciembre del 2001.

Su debate tienen lugar el día 10 de septiembre de 2002, con el siguiente resultado: 165 votos en contra, 151 a favor. Todos los grupos políticos apoyan la iniciativa a excepción del Grupo Popular que voto en contra. Mientras tanto las organizaciones de mujeres, constituidas en Red de Organizaciones Feministas contra la violencia de género, presentan en Madrid su campaña en favor de una “Ley integral contra la violencia de género”.

Además, el día 4 de septiembre de 2002, IU presentó una Interpelación Urgente al Gobierno, para su debate en pleno, con el objeto de que explique el balance de las medidas puestas en marcha hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la violencia de género.

Fruto de esta interpelación el día 11 de septiembre presenta una moción que se plantea así : “ El Congreso de los Diputados acuerda promover un Pacto de Estado para dar una respuesta integral de todas las administraciones, agentes sociales y fuerzas parlamentarias que frene y supere el terrorismo de género y sus efectos sociales, económicos y políticos con las adecuadas partidas presupuestarias en cada caso”. Además le acompañan una serie de medidas concretas, que en ningún caso hacen referencia a la necesidad de una ley integral.

Ante esto, todos los grupos políticos presentan enmiendas, pero sólo dos Grupos Parlamentarios plantean una enmienda de adicción a la moción que hace referencia a una ley integral. Estos grupos son Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Socialista, con los siguientes textos:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria:

“5. Promover el desarrollo de una ley integral para la prevención y erradicación de la violencia de género, debiendo presentar una iniciativa en esta Cámara antes de que acabe el 2.003”.

Grupo Parlamentario Socialista:

“6. Presentar, en el plazo de tres meses, una ley integral contra la violencia de género, cuyo objetivo sea atajar las causas y consecuencias de la violencia física, sexual o psicológica contra la mujer, y contra sus hijos e hijas menores de edad. Esta Ley debe incluir medidas de prevención, de protección, educativas, sociales, sanitarias y de asistencia socioeconómica para las víctimas. De forma específica esta Ley deberá garantizar la educación en igualdad y contra la violencia para niños y niñas, la creación de Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares, Secciones específicas para atender la violencia en el ámbito familiar en cada Fiscalía, una Delegación del Gobierno contra la violencia de género con rango de Secretaría de Estado, el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, y también debe contar con una dotación presupuestaria suficiente, que incluya aportación económica para que las Comunidades Autónomas puedan cumplir los compromisos que afectan a sus competencias. Esta Ley debe ser elaborada en base al consenso de todos los Grupos Parlamentarios y las asociaciones de mujeres expertas, que trabajan contra la violencia de género, y en coordinación con las Comunidades Autónomas.”

El PP por su parte presentó una enmienda que dice: “El Congreso de los Diputados entiende necesario que se constituya una Mesa de trabajo con representación de todos los grupos políticos de la Cámara para impulsar un gran acuerdo sobre la violencia de género y que continúe en la labor de apoyo a las víctimas de este grave problema social”.

Pero estas enmiendas a la moción no se aprobaron, porque ante las enmiendas presentadas, IU retiró su moción y se negoció un texto alternativo con el siguiente contenido:

“El Congreso de los Diputados aprueba constituir, mediante el procedimiento reglamentariamente establecido, una Subcomisión, en el seno de la Comisión correspondiente, para concretar en el plazo máximo de 4 meses, la articulación de un Acuerdo entre todas las fuerzas con representación Parlamentaria, con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género”.

Este texto fue el aprobado finalmente por todos los grupos de la Cámara. No conlleva implícitamente la puesta en marcha de una Ley integral contra la violencia.

Desde las organizaciones de mujeres consideramos que el Parlamento perdió una gran oportunidad cuando no votó la Propuesta de Ley del PSOE. Es muy importante en todo caso, seguir defendiendo la ley integral contra la violencia de género.

La creación de una subcomisión es positiva si ello conlleva un Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres constituido sobre la base y el desarrollo de una Ley integral contra la violencia de género. El sentido de esta comisión será pues importante si se logran resultados en esa línea y representan un avance en los derechos de las mujeres.

La creación de esta subcomisión es la consecuencia del debate que se produjo en el Pleno el día 10 de septiembre, del apoyo que a la iniciativa socialista le dieron el resto de los grupos políticos, así como de la presión que las organizaciones de mujeres hicieron mientras se celebraba el pleno, y han seguido haciendo a través de los medios de comunicación durante estos días. El hecho de que el Parlamento haya tenido que tomar la iniciativa frente a la violencia de género es una muestra de la importancia de este tema para la sociedad española, pero también es una muestra del fracaso de la política del Gobierno del PP.

El Gobierno y el Grupo Popular perdieron la oportunidad de avanzar el consenso sobre un texto ya elaborado la semana pasada que sí daba respuestas y enfocaba el problema adecuadamente.

Las últimas declaraciones del Presidente del Gobierno José María Aznar con fecha 18 de septiembre en respuesta a la pregunta en la sesión de control al Gobierno del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió a Aznar un "compromiso ante el Parlamento" de que promoverá esta ley en el marco de la subcomisión que trabajará durante cuatro meses en el Congreso y cuya creación fue aprobada el día anterior con el consenso de todos los grupos a iniciativa de IU no deja duda de las intenciones del PP. Zapatero le recordó que, según una noticia de agencia del 9 de febrero del año 2000 .en plena campaña electoral, dijo- Aznar se comprometió a impulsar una ley integral contra los malos tratos tras reunirse con un grupo de cantantes que representaban a distintas asociaciones de mujeres. El presidente del Gobierno replicó que "si hubiéramos comprometido una rey integral contra la violencia doméstica la hubiéramos puesto en marcha" Y añadió que recuerda "muy bien" que manifestó a las representantes que acudieron a La Moncloa sus "muy serias dudas" sobre que la norma integral sea "el camino más adecuado".

Los documentos de video de las declaraciones en la fecha en la que se produjo el encuentro entre la Plataforma de Mujeres Artistas y José María Aznar y una nota oficial de Moncloa en ese momento pronunciándose tras la reunión a favor de una ley integral contra la violencia de género dejan al descubierto y en absoluta evidencia la posición del gobierno y del PP en este tema.

Las organizaciones de mujeres queremos que la violencia de genero sea considerado un problema de Estado como se considera en estos momentos, por ejemplo, el terrorismo político. Reivindicamos un pacto de Estado por encima de los partidismos y apelamos a la responsabilidad del Gobierno Español en este sentido elaborando tal como se comprometió en el año 2000 una LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.



2005-01


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