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¿Juez y parte?

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La Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género ha sido objeto del constante ataque por parte de los agresores de mujeres y de sus afines instalados en las instancias de poder, quienes se aprestaron a combatirla desde el punto y hora en que el Proyecto entró en las Cortes para acabar aprobado con significativa e inusual unanimidad por el Cuerpo Legislativo en el año 2004.

Después, ya la ley en vigor, siguió impugnada virulentamente por dicha minorías atrabiliarias de la sociedad con ardides tales como: la consigna de motejar de "falsas" las denuncias de las mujeres maltratadas; la formulación sistemática de recursos de Inconstitucionalidad por algunos Juzgados en ridículo disentimiento; la difusión de un científicamente descalificado síndrome llamado de "Alienación Parental" urdido, bajo la retorsión de prejuzgar la instrumentalización de los hijos y en amenaza para todas aquellas madres que se atrevieran a denunciar la violencia que le afecta a ella o a sus hijos o hijas menores; finalmente el intento de acogerse al recurso de la Mediación Familiar incluso en los casos de violencia de género para convertirlo en un medio al servicio del agresor .

Es en este contexto como se debe entender el descaro con que determinados jueces y juezas se manifiestan públicamente en sintonía con las impugnaciones hechas contra la Ley —una Ley —, y que en el día de hoy ha tenido el claro ejemplo de las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por un Juez de Familia de Sevilla, D. Francisco Serrano (PÚBLICO, 8/2/09, pág.30), quien, en su ataque inmoderado y escandaloso contra una Ley inequívocamente promulgada contra la violencia sexista y de cuya constitucionalidad no cabe poner en duda tras su confirmación por el Tribunal Constitucional, toma beligerancia por los agresores y contra sus víctimas y contra todas aquellas Asociaciones que les prestamos asistencia y apoyo dentro de la más estricta legalidad, a las cuales nos llega a arrojar el Culto y Delicado Piropo de "lobby hembrista"..., clonando por lo demás los argumentos de los violentos y bajo sus mismas expresiones: compara la situación de los maltratadores denunciados con la de los presos de Guantánamo.

Graves y urgentes cuestiones surgen ante hechos como éste: ¿Puede un Juez —y Juez de Familia— pronunciarse públicamente en semejantes términos sin alertar a la población justiciable de su pérdida de imparcialidad y la ecuanimidad que la ley le exige cuando le confiere potestad judicial? ¿Cuáles son, en una democracia, los mecanismos inexcusables para que no se pueda simultanear el Poder Judicial y la "Beligerancia Discrepante"? ¿Puede invocarse el principio fundamental de la Libertad de Expresión para expresarse abiertamente en contra de los principios puntualmente expresados en la Exposición de motivos y en la normativa de una Ley en vigor; en contra del Poder Legislativo que por rara e histórica singularidad votó favorablemente sin la menor discordancia; en contra del propio conjunto de la Judicatura que con general ejemplaridad no ha excepcionado el caso, en su función de cumplir y hacer cumplir la Ley; en contra de las víctimas indefensas y vilipendiadas en un posicionamiento público que les es ostensiblemente adverso? En contra, finalmente, de la norma de nuestro Ordenamiento (art. 3.1 C.c.) que impone la aplicación de los preceptos de la ley en consonancia "con la realidad social del tiempo en que se han de aplicar, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad" de los mismos.

Pues la realidad social en que se expresa el Juez aquí desautorizado es la de un país con 78 mujeres muertas y casi 2.000.000 de maltratadas al año (2008), para cuya atención y no "para vivir la Asociaciones que las atienden" destina la Administración sus subvenciones. Y no hay duda de que "el espíritu y la finalidad" de la Ley a la que vapulea el mencionado Juez están referidos directamente a extirpar el ideario expresado por el mismo. Hasta el punto de que si no le es posible desecharlo de su pensamiento para cumplir con su función y potestad judicial, no le cabe otra solución que la de optar entre su condición de Juez o la de Militante de la ideología que manifiesta. No quiera también contrariar el conocido adagio que prohíbe ser a la vez juez y parte.

Firmado:

Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas
Federación de Mujeres Progresistas
Fundación Mujeres
UNAF
Vivir Sin Violencia
Mujeres en Red



2009-02


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