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Prostitución, hipocresía y Ley de Extranjería

Por June Fernández, integrante de SOS Racismo-Bizkaia, Bilbao.

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Unas sórdidas fotos publicadas la semana pasada por un destacado diario español que mostraban escenas de sexo explícito en pleno centro de Barcelona han reabierto el debate sobre cómo han de actuar las instituciones ante la prostitución. Un debate necesario pero que, lamentablemente, se está tratando como un mero problema de orden público. Lo que inquieta a la opinión pública no es la situación de discriminación múltiple, invisibilidad y vulneración de derechos en la que viven las mujeres -en su mayoría inmigrantes sin papeles- que ejercen la prostitución, sino que sus barrios se vean salpicados por escenas marginales.

Euskadi no es ajena a ese debate. El Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, lleva meses preparando una ordenanza municipal a semejanza de la barcelonesa. El objetivo, una vez más, no es proteger a las mujeres nigerianas sin papeles que ofrecen servicios sexuales en las calles de nuestra ciudad, sino mantenerlas dispersadas y ocultas (lo que dificulta la intervención sociosanitaria con ellas) para evitar que manchen la imagen de la villa.

Pero las fotos de Barcelona han servido también para reabrir la recurrente discusión entre si la solución final pasa por abolir la prostitución o regularla. Quienes presionan para vaciar la vía pública de mujeres que ejercen la prostitución reclaman la segunda opción. En nuestra opinión, sin embargo, el debate abolición versus regulación ha sido superado por la realidad social. No tiene sentido hablar de regulación cuando alrededor del 90% de las prostitutas son inmigrantes, y la práctica totalidad de las que ejercen en la calle están en situación de irregularidad.

En la actualidad, la única vía factible de regularización para cualquier persona inmigrante es el arraigo social, que exige demostrar la residencia continuada en el Estado español durante tres años y presentar un contrato de trabajo. El ministro Corbacho ha reducido prácticamente a cero la otra vía, la de la contratación en origen, y resulta improbable que interprete que la prostitución es un trabajo de difícil cobertura que requiera de mano de obra extrajera. Es decir, que para que una prostituta pudiera regularizarse tendría que vivir primero tres años sin papeles y presentar una oferta de empleo por cuenta ajena; para trabajar en un club. ¿No se pueden hacer autónomas? Basta con mirar los requisitos para que una persona inmigrante se acoja al estatuto del trabajo autónomo para entender que es completamente inviable.

En definitiva, por mucho que se legalizase la actividad, el sector seguiría inmerso en la economía sumergida: los dueños de los clubs se seguirían lucrando a costa de trabajadoras en situación irregular, sin derechos ni opción de establecerse por cuenta propia. Si la presidenta de Madrid Esperanza Aguirre afirma que no apostar por regular la prostitución “es una hipocresía”, desde nuestro punto de vista lo hipócrita es obviar que dicha opción no mejoraría la situación de la gran mayoría de las prostitutas debido a un marco normativo que discrimina a la población inmigrante en todos los ámbitos de su vida.

La conclusión es clara: si de algo son víctimas esas mujeres, además de las desigualdades de género, es de la Ley de Extranjería, que reduce sus opciones laborales a las más precarias y alienantes, como la prostitución y el trabajo doméstico. Se suele apelar a las mafias para justificar las actuaciones contra la prostitución, y se las señala como origen del problema. En nuestra opinión, las mafias no hacen sino aprovecharse de la situación que genera el blindaje de fronteras; al impedir a las mujeres emprender un proyecto migratorio autónomo, las arroja a estas redes de explotación sexual.

Por si fuera poco, incluso el Plan Nacional contra la Trata aprobado el pasado año reconoce que a las mujeres víctimas de trata el miedo a ser expulsadas con arreglo a la Ley de Extranjería les frena a denunciar a sus explotadores y agresores. El mismo Plan, en cambio, supedita la protección de las víctimas a que colaboren con la policía, una condición que nos parece inadmisible y que muestra que se sigue priorizando la persecución a las mafias, en vez de primar que se garanticen la seguridad y los derechos básicos de sus víctimas.

Paradójicamente, lejos de entender la Ley de Extranjería como un problema que agrava el fenómeno de la prostitución (controlado en buena medida por las redes de trata), responsables políticos como el alcalde de Barcelona proponen como solución endurecer su aplicación contra las inmigrantes que la ejercen. En otras palabras, como la policía no las puede detener por su actividad, ya que no es ilegal, les abre una orden de expulsión por estar en situación irregular. Los mismos responsables políticos que afirman actuar contra la prostitución porque oprime a las mujeres proponen para ellas el doble castigo de ser expulsadas después de permanecer en nuestra sociedad invisibles, sin derechos y expuestas a los riesgos para la salud física y emocional, las agresiones y coacciones ligadas a dicha actividad. Por otro lado, se habla de “salvarlas”, cuando lo que piden estas mujeres no es que nadie les salve de la estrategia de supervivencia que han elegido, sino que sean reconocidas como ciudadanas con voz e iguales en derechos que la población local.

Por último, si bien se multiplican los mensajes que culpan y estigmatizan a las prostitutas, u otros que las victimizan señalando como últimas responsables a las redes de explotación sexual, llama poderosamente la atención que apenas se cite al otro colectivo protagonista, sin el que la prostitución desaparecería: los puteros. Es de cajón: no hay oferta sin demanda. Sin embargo, que esa demanda no sólo siga existiendo, sino que esté en plena forma e incluso cada vez más aceptada como una opción sexual más en una sociedad en la que todo está en venta, apenas despierta reflexiones.

¿Qué piensan y sienten esos chicos jóvenes occidentales sin reparos para penetrar en plena calle a mujeres sin derechos relegadas a la categoría de ciudadanas de tercera? ¿Por qué si se acepta que la prostitución supone una forma de opresión contra las mujeres no se señala a los opresores; los clientes que alimentan el negocio? Echo en falta más iniciativas de sensibilización con perspectiva de género que, frente a la idea frívola de “ir de putas” como un plan de ocio más, conciencien a los hombres del papel que juegan cuando deciden contratar servicios sexuales.

En definitiva, combinar una mirada antirracista y feminista se presenta indispensable para entender las causas y los elementos que alimentan la prostitución y, por tanto, poder desarrollar políticas justas y efectivas para combatirla.

P.-S.

*Autora: June Fernández Casete Organización: SOS Racismo-Bizkaia



2009-09


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