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¿Volverá la Constitución a tener sólo padres?

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En el Consejo Asesor que acaba de crearse se ha excluido a la Red de Mujeres Constitucionalistas. Se opta por institucionalizar el Consejo: están presentes algunos componentes de las mesas del Senado y del Congreso, y entidades de la sociedad civil, como el director de Estudios Políticos y Constitucionales, o el director del Real Instituto Elcano. ¿Volveremos a padecer una discriminación? Deberíamos conformarnos con hacer llegar nuestras vindicaciones, mediante cartas, o pidiendo reuniones, como en el año 77, mientras la sesión principal para elaborar documentos previos y tomar decisiones, se desarrolla en otra parte.


Sí, definitivamente ha sido una inteligente iniciativa proponer un Consejo Asesor para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Un Consejo Asesor que pretendía sumar a la mayoría de los partidos políticos, a pesar de que sólo el PP, Ciudadanos, parte del Grupo Mixto y el PSOE han abordado el reto, pues el resto de los partidos, bien por no aceptar los nombres propuestos para formar parte del mismo, o aduciendo la inconveniencia del momento político, rechazan participar en este proyecto. Un proyecto que busca revitalizar la capacidad de alcanzar acuerdos, incluso aceptando las diferencias, porque se sabe que la mejor inversión sería lograr un diálogo con resultados a futuro, recuperar lo que Habermas denomina la democracia deliberativa.

Sin embargo, este Consejo Asesor está afectado por una serie de desigualdades. Primero, la diferencia entre aquellas personas que participan en calidad de compareciente y aquellas que son miembros del mismo. De entrada, sus miembros han sido definidos por ser “personas de reconocido prestigio”, una fórmula habitual para hacer una distinción que, en términos talento, posición social, o por motivos históricos, como los padres de la Constitución del 78 aún vivos: Miguel Herrero, Pérez Llorca, y Miquel Roca. La segunda desigualdad, radica en excluir como miembros del Consejo a la Red de Mujeres Constitucionalistas, compuesta por catedráticas, y les aseguro, que de reconocido prestigio. En cambio, se opta por institucionalizar el Consejo: están presentes algunos componentes de las mesas del Senado y del Congreso, y entidades de la sociedad civil, como el director de Estudios Políticos y Constitucionales, o el director del Real Instituto Elcano.

En definitiva, les ha bastado recurrir a la vieja fórmula para no sentirse avergonzados: “hay que introducir alguna mujer” Y, así se ha hecho, 7 mujeres de 32. Apelando a lo de siempre: sus intereses ya están representados en quienes lo forman. ¿Alguien se cree este razonamiento? ¿O acaso, quienes estaban en las Cortes Generales en el año 2012, pudieron impedir que se aprobara un Decreto Ley (16/2012), como el de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que limitaba la asistencia sanitaria para personas migrantes en situación irregular. Con gran impacto para aquellas mujeres a quienes se les negaba el servicio de urgencias, o la asistencia al embarazo y parto. Y todo ello, sabiendo que se prohíbe adoptar Decretos-Leyes (art. 86.1) que vulneren el derecho a la igualdad, lo cual no es un detalle sin importancia.

¿Acaso la historia no nos enseña nada? Ya en el año 1977, los colectivos jurídicos feministas, así como la Plataforma de Mujeres de Madrid se habían reunido con el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, con 15 propuestas para la Constitución. Algunas de ellas; fueron el derecho a disolver el matrimonio con igualdad de derechos para ambos cónyuges, que se regulara la investigación sobre la paternidad, el acceso a los anticonceptivos, la no discriminación para elegir representantes del Estado. Las entonces Cortes Constituyentes contaban sólo con 27 mujeres, entre diputadas y senadoras, las cuales ocuparon un rol residual en la redacción de la norma. Un excelente documental, Las Constituyentes, recoge los extraordinarios testimonios de aquellas mujeres de ambas cámaras; por citar sólo a algunas, como Gloria Begué, Carlota Bustelo, Ana María Ruiz Tagle, Soledad Becerril, entre muchas otras, no fueron invitadas a la norma que nos dotaría de reglas para convivir en una incipiente democracia.

¿Volveremos a padecer una discriminación? Deberíamos conformarnos con hacer llegar nuestras vindicaciones, mediante cartas, o pidiendo reuniones, como en el año 77, mientras la sesión principal para elaborar documentos previos y tomar decisiones, se desarrolla en otra parte.


Fuente: Tribuna Feminista


2017-12


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