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Comercio de Cuerpos. El nuevo burdel de Europa.

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Once mil plazas en hoteles de prostitución, además de pisos, locales, calles, parques: un tráfico masivo de mujeres empareja el mercado español del sexo con el de Alemania Se acumulan los indicios de que la trata de mujeres está incrementándose de manera alarmante. La respuesta del Estado es contradictoria y las víctimas del tráfico tienen que cargar con el peso de hacer caer a las bandas, sin garantías de seguridad ni de futuro. La policía detuvo a 518 personas en el primer semestre por tráfico sexual e identificó a 95 redes implicadas.


JOAQUÍN PRIETO/ El País

Más allá de las protestas vecinales por la prostitución callejera, España se ha convertido bruscamente en un imán para las bandas que trafican con extranjeros destinados a explotarles en el mercado del sexo. De los controles policiales se deduce que tres de cada diez personas dedicadas a la prostitución proceden del este de Europa y una de África. El resto son latinoamericanas, además de una minoría de españolas. Un estudio del Instituto Europeo para la Prevención del Crimen estima el número de prostitutas en España entre 45.000 y 300.000, una horquilla parecida a la de Alemania -el otro gran mercado prostibulario del continente-, pese a contar con la mitad de habitantes.

Noventa y cinco grupos de tráfico sexual fueron identificados en las operaciones policiales del primer semestre de 2005, periodo en el que hubo 518 arrestos por esa causa, según el Ministerio del Interior. En opinión de Elena Valenciano, miembro de la Eurocámara y portavoz socialista de Derechos Humanos, "Interior consigue desmontar algunas redes, pero el océano es enorme".

Unas 11.000 plazas hoteleras de prostitución funcionan a diario en zonas extraurbanas de este país, casi tantas como la capacidad hotelera de Sevilla. Sus ocupantes -que cambian con frecuencia- siguen siendo mujeres extranjeras en su mayoría, según fuentes de la Guardia Civil, que no observan cambios numéricos significativos en lo que va de año en relación a la población contabilizada el precedente (18.655 mujeres extranjeras y sólo 374 españolas) en 1.070 establecimientos inspeccionados. A toda esa oferta hay que agregar pisos y locales urbanos, la calle, algunos parques, cunetas; un portavoz de la policía dice que no hay estadísticas de esas áreas.

De chulo en chulo por 7.000 euros

A los efectos de este reportaje, se llama Elena. No es su nombre real. Llegó de Rumania en el verano de 2004, con un curso preuniversitario de enfermería recién terminado. Cuenta que viajó a España para pasar unos días de vacaciones. Se vino en autobús a una playa del Mediterráneo, con un amigo, al piso de unos supuestos conocidos de éste. "Al día siguiente de llegar, mi amigo desapareció del piso y me encontré con que allí vivía un hombre de etnia gitana, rumano, que me dijo que yo le debía dinero. ’¿Dinero, de qué?’, le grité. Me dijo que tenía que ir a un club y trabajar de puta para devolverle la deuda. Entonces me di cuenta de que mi amigo me había vendido". Al cabo de una semana, el chulo la vendió a otro (también de etnia gitana y rumano, según Elena). "Pagó por mí bastante dinero, unos 7.000 euros, porque yo llevaba poco aquí: los cuerpos son más caros cuando estás recién llegada, porque la visa del pasaporte permite quedarse tres meses como turista". Le cambiaron a un piso donde había otras mujeres. "Cada tarde nos llevaban a una carretera. Allí estábamos toda la noche. Éramos más de veinte chicas, de varios chulos. La policía vino una vez a detenernos y estuvimos varias noches en comisaría, me enseñaban fotos del chulo y yo decía que no le conocía de nada, porque tenía mucho miedo".

Los clientes abundaban: "Venían muchísimos; algunos españoles, pero la mayoría alemanes, holandeses y de todo. Un marroquí me dio una paliza por no querer hacerlo sin preservativo". Sacaba entre 1.500 y 3.000 euros por semana; cada mañana tenía que entregar la recaudación. Dice que nunca vio un céntimo de ese dinero, salvo una vez que le dieron una cantidad para que se la mandara a la familia en Rumania. "Un día que intenté quedarme con dinero para mí, me registraron, lo encontraron y me pegaron una paliza, para que aprendiera".

A los seis meses no podía más. Una amiga que estaba en la misma situación que ella le había hablado de una organización que ofrecía ayuda a mujeres; aprovechó que el chulo se había marchado de viaje a Rumania y se atrevió a escapar. Fue acogida en el Proyecto Esperanza, organización dedicada al apoyo integral a mujeres que han sido víctimas de la trata con fines de explotación. Durante estos meses ha aprendido castellano y ha buscado trabajo.

Según la ley española, sólo hay una forma de que un extranjero que ha sido víctima de la trata y que está en situación ilegal no sea deportado y pueda obtener un permiso temporal de residencia. Consiste en denunciar a la red que le explota y colaborar en su desarticulación. Elena, en un primer momento no quiso denunciar, pero finalmente dio el paso, cuando se enteró de que el chulo había encerrado a su amiga en un club por haber intentado escapar después de que lo hiciera ella. Ahora ya tiene su permiso de residencia, pero le falta el permiso administrativo para trabajar, que lleva retrasado varios meses. "Como dicen ustedes", ladea una sonrisa triste, "las cosas de palacio van despacio". Entretanto, ha tenido que testificar contra el proxeneta y sus ayudantes. Éstos le habían advertido de que le pagarían bien si retiraba la denuncia, y si no, iban a matar a su familia; un hermano suyo fue agredido en Rumanía, en efecto. La sentencia contra el chulo ha sido tan leve que ya ha salido de prisión.

Por qué hay pocas denuncias

Según un informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, poco más del 1% de mujeres controladas en lugares de prostitución presentan denuncia por haber sido traficadas o explotadas; "la mayoría de estas mujeres informan que han llegado a España para ejercer la prostitución voluntariamente", reza el informe. La historia de Elena explica el porqué: la carga de la prueba recae sobre ellas. Después de dar ese paso, ni sus familias están a salvo, ni ellas tienen una garantía razonable de que los rufianes que las traen y las llevan, las venden y revenden, les pegan y les quitan el dinero, sean castigados con severidad.

Siempre según el informe citado de la Guardia Civil, cuando a las personas prostituidas se les plantea salir de esa situación, "las mujeres afectadas perciben esa posibilidad como muy poco realista, puesto que no hay inmediatamente disponible ninguna opción laboral suficientemente rentable, ni para saldar a corto plazo la deuda contraída con la organización que les trae ni para asegurar ingresos suficientes como para garantizar su subsistencia y a la vez ayudar a los familiares que han dejado en el país de origen", según las mismas fuentes. Por eso las denuncias de personas traficadas se limitan a situaciones absolutamente insoportables. En el caso de Elena, un carácter fuerte le ha ayudado.

"No todas las extranjeras que se prostituyen vienen traficadas", afirma Marta González, que trabaja en Proyecto Esperanza. "Hay que distinguir muy bien entre víctimas de la trata y personas que ejercen la prostitución por decisión propia". Lo mismo piensa Justine Abellán, ex trabajadora del sexo: "Una cosa es la esclavitud y otra la prostitución", argumenta. Justine, que vive en Barcelona, intenta sindicar a un grupo de compañeras y compañeros en Comisiones Obreras. Se le nota escéptica respecto a la idea de una prostitución extranjera masivamente forzada: "Lo absurdo es pensar que la gente cambia de país para ganar menos de 1.000 euros al mes como friegaplatos", argumenta.

"Encima pretenden que les quieras"

Sara Ballini es italiana. Tipazo de modelo. No dice que alguien le haya obligado. Descubrió el auge de la prostitución en Madrid hace siete años, cuando tenía 21, y comenzó a trabajar en un piso de la calle de Atocha: hasta cincuenta chicas apiñadas, de diez a veinte servicios diarios cada una, pagados por el cliente a 75 euros la unidad. Había entrado en la organización de un hombre que ha comprado otros negocios de ese tipo.

Sara pasó por varios pisos -algunos, de 150 euros por cada servicio- y después se encerró en un chalé de la zona este de la capital. Otros dueños, instalaciones lujosas; presentaciones a los clientes en traje -nada de tacones de plataforma, para diferenciarse de las casas baratas-. En el chalé, cada servicio costaba 250 euros y la media era un par cada día: quinientos euros diarios, el 50% para ella y el otro 50% se lo llevaban los de la casa. Pero en su historia también hay un tratamiento psiquiátrico.

De lo que Sara se queja es de la situación encubierta en que funcionan los pisos, de las malas condiciones de vida en muchos ("a veces en literas"); de los absurdos clientes que caen sobre ellas ("hay que montar un teatro, porque encima pretenden que les quieras"). Cuando habló con este periódico, a finales de julio, decía que quería dejarlo todo y acababa de publicar un libro de relatos cortos (El país de las sombras).

Nunca debe olvidarse que el mundo de la prostitución presenta grandes diferencias internas. "Desde las calles o las carreteras hasta el sector del lujo hay una distancia extrema", afirma Montserrat Tura, consejera de Interior de la Generalitat de Catalunya, la única comunidad que tiene reglamentados los locales donde se ejerce esa actividad. "Desde fuera, el mundo de la prostitución parece libre y con dinero. Pero por dentro, lo que hay son personas violadas, maltratadas", a las que los dueños de los locales o los traficantes exigen unos niveles de recaudación y las bandas se quedan entre el 50% y el 90% de los ingresos de cada mujer. El objetivo debería ser combatir a las bandas, a los que se aprovechan de la prostitución, y garantizar que ninguna persona sea obligada a hacer algo en contra de su voluntad, a juicio de Tura.

Ninguna institución es capaz de precisar cuántas personas ejercen la prostitución en España; más difícil aún es averiguar qué proporción de esas personas pueden considerarse casos de explotación que sólo se explican por la trata de personas o la dependencia forzada de chulos y proxenetas.

La consejera de Interior de Cataluña estima que en el territorio de esa comunidad hay unas 20.000 personas que ejercen la prostitución. El Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe de 2002, evaluó en 21.000 las de Andalucía. Una comisión de la Comunidad de Madrid contabilizó 700 clubes, además de la prostitución en barrios y de la ejercida en la Casa de Campo.

Pilar Dávila, que dirigió el Instituto de la Mujer en tiempos del Gobierno de José María Aznar, ofreció en su día un cálculo de 300.000 prostitutas en el conjunto de España. La dirección actual no avala cifra alguna: "¿Cómo vamos a saber cuántas personas se dedican a la prostitución si se trata de una actividad alegal y sin control?", razona la portavoz del Instituto de la Mujer. La Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela) eleva sus estimaciones nada menos que a 400.000 personas prostituidas en España. Pablo Traspas, coordinador de programas de Médicos del Mundo -que atendió el año pasado a casi 9.000 personas del sector de la prostitución- no considera descabellado que la cifra esté entre 300.000 y 400.000.

El Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Crimen (Heuni, con sede en Helsinki y vinculado a Naciones Unidas) intentó cuantificar el número de personas dedicadas a la prostitución en Europa, en un trabajo cerrado en 2003 y reproducido más recientemente en el informe de un grupo de trabajo del Parlamento Europeo (véase gráfico). En ese estudio se asignaba a España entre 45.000 y 300.000 personas dedicadas a la prostitución; la horquilla es similar a la señalada para Alemania, entre 60.000 y 300.000. La aproximación es imprecisa, pero al menos ofrece una indicación clara: tanto si se da por buena la hipótesis más alta como la más baja, la prostitución se mueve en volúmenes semejantes en ambos países, si bien en España hay más en proporción a la población de cada uno de estos países.

Clandestino, pero transparente

¿Por qué ha crecido tanto en España? Algunos expertos apuntan a la reforma penal de 1995, por la cual se despenalizaron ciertas conductas favorecedoras de la prostitución (quedaron castigados el empleo de la coacción y, por supuesto, prostituir a niños). Otros lo atribuyen a la alegría económica de finales de los años noventa y el afloramiento de dinero negro. El caso es que moteles y hoteles de carretera fueron remozados, se construyeron nuevos y más modernos complejos y el comercio del sexo se volvió más transparente, con afán de ser considerado una parte más de la industria del ocio.

"Con el cambio penal se consiguió que los proxenetas pasaran de ser calificados como delincuentes a ser designados como empresarios del sexo", sostiene Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que lucha contra toda regulación de esta actividad. Esa entidad vincula la demanda de "sexo comercial" a las facilidades legales, afirmando que "cada vez son más numerosos los hombres que acuden al mercado prostitucional y cada vez hay más mujeres en situación de prostitución". Los abolicionistas equiparan prostitución con esclavitud, considerando la actividad en su conjunto como un atentado contra los derechos fundamentales y una "violencia de género", ya que la gran mayoría de las personas prostituidas son mujeres. Otros sectores distinguen entre ejercer la prostitución por decisión propia y hacerlo obligados por traficantes o proxenetas. Legalmente, prostituirse no está penalizado; otra cosa es la trata de personas para la explotación sexual, castigada con penas que van de los 5 a los 10 años de cárcel.

Al margen de quién tenga razón en esta polémica, una consecuencia muy negativa es que la prostitución quede en manos de bandas. A las fuerzas de seguridad interior, dirigidas actualmente por José Antonio Alonso, les resulta fácil probar que un extranjero se encuentra ilegalmente en territorio español e iniciar un expediente de expulsión. Pero cortar la trata de personas para la explotación sexual exige algo más que esa medida represiva. ¿Cómo hacerlo? No se trata de un bandidaje a gran escala, capaz de amenazar la estabilidad política, sino de una multiplicación de delincuencias, que se traduce en personas sometidas a la explotación sexual y, de acuerdo con los testimonios disponibles, a los malos tratos.

Las señales emitidas por las autoridades del Estado resultan un tanto contradictorias. Así, la última memoria presentada por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, indica que las fiscalías territoriales señalan el tráfico de personas como el "fenómeno de delincuencia organizada que se produce con mayor frecuencia en España" e informa de que "el supuesto más frecuentemente citado por las fiscalías es la introducción en España de mujeres para su trato sexual". Sin embargo, el propio fiscal despacha la cuestión con cierta rapidez, sin una valoración sobre el grado real de importancia de este problema. Su portavoz confirma que ningún órgano de la fiscalía está especializado en la materia.

Otras explicaciones del fiscal general confirman las contradicciones del sistema aplicado. El texto de Conde-Pumpido señala que las redadas policiales sirven para espantar a las personas a las que se quiere proteger, esto es, a las víctimas del tráfico, "que son también los principales testigos"; y añade que "en gran cantidad de casos, la propia intervención policial causa su fuga, al ser conscientes de su situación irregular en España".

Como parece deducirse de estas consideraciones, la mera actuación represiva es una respuesta insuficiente. La realidad es que, para muchas de las personas que se han visto implicadas en las redes de prostitución, la posibilidad de ser devueltos a su país de origen constituye el peor de los panoramas posibles. Además es un problema real de personas que viven situaciones incompatibles con los derechos humanos. Entidades que ayudan a prostitutas echan en falta un Plan Integral contra la Trata.

Prostitución masculina

La Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución tiene razón cuando dice que todos los informes sobre la prostitución están escritos en femenino. La masculina, considerada muy minoritaria, existe en ciertas zonas urbanas, pero se desarrolla en condiciones todavía más ocultas. "Yo nunca he encontrado a ningún hombre (prostituido) en los garitos", asegura un policía especializado.

La socióloga Laura Oso entrevistó a varios hombres en un trabajo de campo efectuado con 50 personas de la prostitución callejera en La Coruña. Sus testimonios -presentados al Senado en la legislatura anterior- reflejan todavía más precariedad que las mujeres. "Tomás tiene 28 años y lleva 6 años trabajando en la calle", se lee en una de las entrevistas. "Ha sido violado por un cliente y ha sido amenazado y agredido por grupos de skin heads". La policía atiende sus peticiones menos que a las mujeres y aquéllos "sufren agresiones verdaderamente violentas", según la investigadora social aludida.

El comercio de cuerpos plantea un desafío a España, pero también al conjunto de la Unión Europea. La investigadora francesa Matiada Ngalikpima, de la Fundación Scelles, advierte de un cambio sustancial: antes de la ampliación de la UE, los 15 países miembros eran "destinatarios" del comercio de cuerpos; una vez hecha, la UE comprende tanto destinatarios como países de origen del tráfico sexual. En los siguientes candidatos, Bulgaria y Rumanía, "la trata de seres humanos es un problema aún más importante que en los nuevos países miembros de la UE". La única opción descartable es que el paso del tiempo lo arregle: la miseria del mundo -o simplemente, la falta de futuro- está a disposición de los traficantes para reclutar más y más carne fresca.

Una fábrica incontrolada de dinero negro

Dos adultos mantienen una relación sexual tras convenir un precio, ¿dónde está el problema? La prostitución sólo es rechazable si utiliza a menores de edad, a personas forzadas o si se mezcla con drogas ilegales, según el trío de valores proclamado por la Asociación de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela), que hace guiños a la clase política respecto a los beneficios que tendría para el fisco una regulación de sus actividades, rodeando así de respetabilidad sus negocios y diferenciándose de la "extensa amalgama de tugurios que operan al margen de la ley".

En paralelo, la patronal del alterne se ha dirigido al Congreso de los Diputados con la solicitud expresa de que se prohíba la prostitución ejercida en los pisos urbanos y en las calles, alegando las molestias causadas al vecindario y la presencia de bandas en esos sitios. Fuentes de Anela presentan la actividad de sus locales como una "variante de la hostelería", donde las chicas "van y vienen libremente" y cobran a los clientes lo que ellas quieren por sus servicios como meretrices. Las mismas fuentes de Anela acusan a otros "empresarios sin escrúpulos" de generar un caldo de cultivo para las mafias y de provocar así a la policía.

¿Cuánto dinero hay en juego? Según una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), 606.600 varones de 18 a 49 años usaron servicios de prostitución en el año previo a la realización de las preguntas (2003). El dato permite efectuar una aproximación económica: calculando por lo bajo, 60 euros de gasto medio por cliente, y en la hipótesis de un uso semanal, este colectivo de varones supera los 1.800 millones de euros anuales de gasto en servicios sexuales. Una estimación más afinada exigiría tener en cuenta también a la población menor de 18 años y a los mayores de 50, además del efecto del turismo sexual.

Los precios de la prostitución no suben porque "hay muchísima oferta, pero la demanda no crece", según un buen conocedor del sector, razón por la cual los precios se mantienen "más o menos igual que hace años". Hay menos a repartir entre más. Se comprende la presión sobre los políticos para la regulación.

Dinero que no se puede declarar

Por supuesto que éste no es el único sector de la economía subterránea, pero sí el que funciona de un modo más visible. Prostituirse no es delito, por lo cual los que gestionan el ejercicio de esa actividad tienen interés en que parezca que ellas son autónomas. Y ese dinero ni siquiera puede declararse, porque no hay mecanismo administrativo para ello: sólo la parte hostelera de esa actividad funciona con los parámetros de un sector económico más. La prostitución es un territorio al que no llega el Estado de derecho; las personas que prestan los servicios sexuales no tienen a quién reclamar contra los abusos y, a la vez, se trata de un negocio que genera una masa importante de dinero negro, por el momento bastante repartido.

Ningún Estado europeo puede presumir de saber lo que sucede en los bajos fondos, pero algunos lo intentan. Por ejemplo, Francia: en principio, los ingresos de la prostitución en ese país "están sometidos a impuesto en la categoría de beneficios no comerciales", explica la investigadora Matiada Ngalikpima, autora de una detallada comparación de legislaciones (L’esclavage sexuel) publicada por la Fundación Scelles, que dispone en París de un buen centro documental sobre la prostitución.

Se dan casos en que la Hacienda francesa trata esas sumas como ingresos de personas físicas "cuando la prostituta reconoce encontrarse bajo la dependencia manifiesta de un proxeneta", lo cual "es poco frecuente", según la investigadora aludida. "Lo normal es que la obligación de declarar sea la consecuencia de una inspección de Hacienda, que exige el cobro salvo que el afectado se comprometa a reinsertarse en la sociedad". Al proxeneta nunca se le perdonan los impuestos. Estos procedimientos han suscitado críticas por parte de sectores contrarios a cualquier reconocimiento administrativo de la prostitución; otros los defienden como intentos de restringir el chapoteo del dinero en la economía sumergida.

Circulan estimaciones de cifras de negocio en España que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 millones de euros anuales para el sector, que fueron manejadas a lo largo de los trabajos de una comisión del Senado que estudió el tema de la prostitución durante la legislatura anterior.

En junio pasado, Anela colgó de su página en Internet un escrito enviado al Congreso de los Diputados, en el que pedía la regulación del alterne y de la prostitución y advertía de los riesgos que corren las instituciones en caso de que den pasos en sentido contrario. Si se prohíben los locales de alterne "nos encontraríamos con que las mujeres y hombres que hoy por hoy se dedican al trabajo sexual tendrían que buscar nuevos lugares para su práctica", avisaba Anela, que en ese mismo escrito mencionaba la cifra de "400.000 personas" que ejercen la prostitución en España.

"Ahora hagan sus cálculos", continuaba el texto de Anela. "Imagínense la cantidad de pisos en todas las ciudades españolas [que serían] ocupados exclusivamente para la práctica de la prostitución las 24 horas del día, mientras las familias van y vienen de los colegios con sus hijos o mientras ellos intentan dormir. Las asociaciones vecinales se echarán otra vez a la calle".

Alterne y "patriotismo"

La patronal del alterne existe desde 2001. Su secretario general técnico y jefe de los servicios jurídicos de la entidad, José Luis Roberto, es una persona conocida por sus actividades políticas. Concretamente, preside el partido España 2000, autodefinido como "populista, social y democrático", que convoca una marcha "patriótica" en Valencia para el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El partido destaca la necesidad de manifestar "el orgullo de ser español" y anuncia que se está confeccionando "la bandera más grande de España", superando así la que se encuentra instalada en la madrileña plaza de Colón. El acto está siendo convocado por Internet con un vídeo montado sobre el canto del himno nacional con la letra utilizada en tiempos del dictador Francisco Franco. Los organizadores y la Delegación del Gobierno en Valencia forcejean sobre el itinerario y otros detalles, que dependen ahora de una decisión judicial.

Preguntado por la coincidencia entre sus tareas en la patronal del alterne y en el partido España 2000, José Luis Roberto contestó ayer: "¿Y qué tienen que ver mis actividades políticas con la prostitución? Fuera de mi trabajo, la Constitución me ampara para tener las ideas que me parezcan oportunas y presidir lo que quiera".

En caso de que las Cortes abran el debate sobre la regulación del alterne y de la prostitución, igualmente solicitado por Anela a los 17 Parlamentos autonómicos -varios de los cuales han contestado que van a estudiarlo-, los jefes de Anela se declaran dispuestos a reconocer una relación laboral con las personas que "incentiven el consumo de copas" (alterne), pero no con la prostitución propiamente dicha, que debe ser "un trabajo por cuenta propia".

La regulación de derechos laborales y sociales es el caballo de batalla de algunos grupos de personas que se dedican o se han dedicado a la prostitución. Son minoritarios, como reconoce Justine Abellán, que pelea para construir un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo en Comisiones Obreras. No está nada de acuerdo con los sectores que quieren abolir la prostitución: "Lo que reivindicamos es el derecho a elegir trabajo", argumenta, "porque si lo que molesta es la explotación, también existe en el textil, en la hostelería, en el campo; hay personas con titulaciones que no pueden ejercer".

A su juicio, la legalización del trabajo sexual lograría "que la situación irregular se termine y sería más fácil luchar contra las mafias y el tráfico de personas". En cuanto al tratamiento policial del problema, "lo único que se consigue es la indefensión de las personas a las que se pretende defender", opina.

Un tema difícil para la política

La respuesta legal a las diferentes propuestas de regulación es objeto de cálculos por parte de la clase política. Durante la legislatura anterior, bajo gobierno de José María Aznar, una comisión del Senado trabajó sobre el problema del tráfico de seres humanos para explotación sexual y concluyó que hacía falta organizar un plan integral. Pero hubo otra comisión -citada anteriormente- volcada específicamente en el estudio de la prostitución que se disolvió sin emitir informe ni recomendación alguna.

"No dio tiempo a terminar todas las comparecencias que teníamos previstas", explica Cristina Klimowitz, la ex senadora del Partido Popular que presidió la comisión. Fátima Aburto, representante socialista en la misma, no está de acuerdo: "Insistimos al Partido Popular para que al menos hiciéramos un informe parcial de lo actuado". La ex parlamentaria del PP sostiene que "el reglamento del Senado no permite la fórmula de los informes parciales" y pellizca al Gobierno de Rodríguez Zapatero por no haber continuado la labor de esa comisión en esta legislatura. La socialista Fátima Aburto estima que estuvo clara la voluntad del Partido Popular de no abordar una propuesta de solución cuando estaba en el poder: "Todos los demás partidos estaban de acuerdo en emitir un informe parcial", afirma. "Fue evidente el retraso que se introdujo en las tareas de la comisión: en el primer año de trabajos nos reuníamos dos veces al mes y, cuando pedimos hacerlo una vez a la semana, como se hizo en la comisión contra el tráfico, pasamos a una vez al mes".

Cataluña es la única comunidad que tiene un reglamento de locales de prostitución y la forma de obtener licencias municipales para ellos, promulgado cuando Jordi Pujol era aún el presidente de la Generalitat. "Todo aquello que no está legislado vive en la clandestinidad, y eso no conduce más que a la sobreexplotación", sostiene Montserrat Tura, consejera de Interior en el actual Gobierno de Pasqual Maragall.

"Los poderes públicos no pueden permitir un mundo tan horrible", afirma Tura. Pero elaborar una ley integral llevaría mucho tiempo de trámites y búsqueda de consensos políticos, por lo cual a la consejera catalana de Interior le parece conveniente afinar la regulación actual, con objeto de "asegurar la voluntariedad" de los que se prostituyen: "Que dependa de ellos mismos y de nadie más. Tenemos que reducir la prostitución y castigar a los que recurran a usos que no están autorizados". Por instrucciones de la consejera, los Mossos d’Esquadra efectúan controles de la prostitución en carreteras y áreas de servicio, al tiempo que la Generalitat batalla jurídicamente contra ayuntamientos que dan licencias sin atenerse a las normas vigentes.

"Da igual que la persona prostituida consienta o no; obtener beneficios de la prostitución está sancionado en todos los casos", replica la abogada María José Varela, autora del recurso presentado por siete asociaciones precisamente contra la reglamentación de los prostíbulos catalanes. Su postura se basa en la Convención de Naciones Unidas para la represión de la explotación de la prostitución, que se encuentra formalmente en vigor, además de la propia legislación española contra el que se lucra de la prostitución de otras personas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se espera para 2006.

Prioridad: luchar contra las mafias

¿Qué va a hacer el Gobierno de Rodríguez Zapatero? Por el momento, la única decisión tomada es la presión policial contra las bandas de traficantes. Sobre los demás aspectos, expertos del PSOE llevan meses discutiéndolo. Regular la prostitución afectaría en realidad a poca gente, porque si el 90% de las prostitutas son inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia, la reglamentación serviría de poco.

La secretaria de Igualdad en la ejecutiva federal del PSOE, Maribel Montaño, propone un "compromiso social por la desaparición de la prostitución". Comprende a los que insisten en regular la prostitución con la finalidad de mejorar la situación de las personas que lo ejercen; y se muestra consciente de que será necesario un Plan Nacional de Inserción para las personas que ejercen esa actividad. Pero añade: "Entre los valores que defendemos se encuentra la lucha contra la explotación, sea cual sea; en ningún caso su regulación".

Nadie cree que el Gobierno se ponga a cerrar garitos ni a deportar a decenas de miles de personas que están en condiciones irregulares. La europarlamentaria socialista Elena Valenciano dice: "Hay un debate posible sobre la legalización de la prostitución, pero antes hay que desmontar el tráfico ilegal".

Carme García Suárez conoce las dudas que atraviesan a los grupos parlamentarios. Esta diputada de Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya batalló para abrir el debate en el seno del Congreso de los Diputados; lo que finalmente se aprobó fue una petición al Gobierno para lanzar el plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres y abordar un informe completo.

Pilar Dávila, que dirigió el Instituto de la Mujer cuatro años durante el Gobierno de José María Aznar, recomienda a la sociedad hacer un esfuerzo para ofrecer salidas a todas esas personas que están atrapadas en la prostitución "y que se dedican a eso porque en realidad no les queda otro remedio", solución que debería alcanzar "tanto a españoles como a extranjeros implicados. Sí, ya sé que es muy difícil", reconoce.

La sociedad española no parece preparada. Al contrario: pagar a una prostituta sigue siendo un acto banal. Frente a las propuestas de legalizar la prostitución y las resistencias de los que se niegan a todo reconocimiento administrativo de esa actividad, puede ser interesante observar los resultados obtenidos por la experiencia de Suecia, el único Estado que criminaliza la compra de servicios sexuales.

¿Qué ha hecho Suecia para merecer el apoyo de la Iglesia dirigida por Benedicto XVI y, simultáneamente, el de grupos feministas de corte laico? "En Suecia no está permitido comprar a nadie para que preste servicios sexuales, de la misma manera que no se puede asesinar ni violar a nadie", explicó Gunilla Ekberg, la coordinadora del Plan de Acción Nacional Sueco contra la prostitución, durante una visita a Madrid el pasado día 19.

Bajo la ley 408/1998, que entró en vigor el 1 de enero de 1999, la compra de servicios sexuales -o el intento de hacerlo- constituye un delito castigado hasta con seis meses de cárcel, aunque lo más frecuente es que los casos se salden con multas.Por si faltaba algo, la ley "contra los prostituidores" ha sido endurecida este año para castigar también al que abone servicios sexuales a clientes distintos del propio pagador. "Esto se ha hecho para cerrar el coladero de las fiestas donde se consumen servicios sexuales pagados por alguien que no asiste a ellas, y también de empresas que sufragan servicios de prostitutas como una atención para sus ejecutivos", informa Gunilla Ekberg.

Denunciados 900 clientes en Suecia

Durante los cinco primeros años de vigencia de la norma, un total de 914 hombres fueron denunciados por ese delito, de los cuales 234 habían sido condenados hasta finales de 2003 (no hay datos más recientes). El hombre más entrado en años de los denunciados tenía 70, y el más joven, 16; la edad media de los compradores de sexo perseguidos por la ley es de 44 años.

Esto sucede en un país menos poblado que España (10 millones de habitantes) y con niveles de prostitución mucho más moderados (unas 2.500 mujeres ejercían esa actividad en 1999, el primer año de vigencia de la ley). Siempre según la coordinadora del Plan Nacional Sueco, las medidas contra los clientes han reducido sensiblemente la prostitución callejera. El comercio sexual en sí no ha sido erradicado, pero el mercado ya no rinde como antes.

Un policía español especializado en este sector sonríe ante la evocación de tales medidas. "Aquí se hará lo que diga el Estado, pero si hay que aplicar esas normas, habría que detener a cientos de miles de hombres". No se quedan aquí las diferencias. entre los dos países: hay que tener en cuenta el contexto social y político. Así, el Parlamento que aprobó la ley sueca contaba con un 43% de mujeres.

Una certeza parece abrirse paso entre tantas dudas: cuando las sociedades aceptan la incorporación masiva de la mujer a la política, asuntos que siempre se han considerado obvios -por ejemplo, "el oficio más viejo del mundo"- súbitamente pasan a ser discutibles.



2005-09


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