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Políticas Nacionales de Género y TIC en Uruguay - una llamada urgente

Por Cecilia Gordano [GenderIT.org]

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En Uruguay el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) implementó un proceso consultivo con diversos actores a los efectos de elaborar el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PPNIOD), previsto para el período 2007-2011. Uno de los capítulos del Plan, titulado “El Uruguay innovador”, tiene entre sus líneas estratégicas el “aumento del acceso de las mujeres a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) eliminando la brecha de género existente”. Segun la colaboradora de GenderIT, Cecilia Gordano, este representa "un gran avance en el lento camino hacia la consolidación de una estrategia nacional de inclusión digital. Sin embargo, la timidez con que se aborda esa necesidad hace pensar que aún faltan piezas para armar el puzzle".

Cuando suenan los tambores en las calles de Montevideo, se dice que “llaman”, que convocan a la gente a aproximarse, a bailar y a integrarse en esta manifestación cultural que trajeron los esclavos negros del África llegados a la región hace cientos de años. Ese ritmo conocido como candombe, es hoy una rica herencia que a través de la comunidad afro-uruguaya se ha difundido a todos los sectores de la sociedad, consolidándose en una fiesta anual conocida como “Las llamadas”, en la que varios grupos desfilan por la calle tocando los tambores y bailando.

Antes de comenzar la Asamblea Ciudadana por la Igualdad de Oportunidades y Derechos de Montevideo, organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), un grupo de tambores tocaba candombe en la calle, llamando a participar. La Asamblea fue uno de los mecanismos que el INAMU implementó en octubre y noviembre de 2006 en todo el país en el marco de un proceso consultivo con diversos actores a los efectos de elaborar el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PPNIOD), previsto para el período 2007-2011.

Esta iniciativa surge en un contexto político nacional especialmente favorable ya que, por primera vez en la historia del Uruguay, una fuerza política conformada por sectores de izquierda asumió el gobierno nacional del período 2005-2010. Ello significó importantes cambios en la conducción política del país que se tradujeron en la renovación de los cargos de poder, la incorporación de actores históricamente marginados de los espacios de toma de decisiones tales como la sociedad civil, y la creación de nuevos organismos gubernamentales comprometidos con los derechos humanos, como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Aún transcurrido poco tiempo de este gobierno, se perciben importantes cambios en la agenda política y una amplitud de miradas más acorde a los tiempos que corren.

Una de las cuestiones donde este aire nuevo se respira, atañe a los esfuerzos por institucionalizar la perspectiva de género como eje transversal en el diseño e implementación de las políticas nacionales. En este sentido, el INAMU ha dado claras señales de asumir ese desafío y constituirse en el principal impulsor de transformaciones desde las entrañas mismas del Estado, bajo la dirección de una feminista de reconocida trayectoria: la Lic. Carmen Beramendi. Con su nuevo equipo y la convicción de que “quien nomina domina”, se modificó por Ley el antiguo nombre de Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM) y con él su dependencia y cometidos. El INFM dependía del Ministerio de Educación y Cultura y entre sus objetivos estaba el “promover, planificar, diseñar, formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la mujer y a la familia”.

Hoy el INAMU es parte del MIDES y reelaboró sus objetivos estratégicos para “ejercer como ente rector de las políticas de género, las funciones de promoción, diseño coordinación, articulación, ejecución, así como el seguimiento y evaluación de las políticas públicas”. Más allá del valor simbólico, estas modificaciones sentaron las bases para promover los derechos de las mujeres desde otro lugar: aquel que las reconoce como sujetas autónomas -y no apéndices de “la Familia”-, protagonistas de sus vidas y actoras legítimas en la construcción de sociedades equitativas y verdaderamente democráticas.

El PPNIOD constituye el primer intento genuino de transformar desde la política las desigualdades estructurales de la sociedad patriarcal que por razón de género han relegado a las mujeres al espacio privado y las tareas reproductivas, privándolas del ejercicio de ciudadanías plenas, obstaculizando su participación pública, en definitiva, coartándoles derechos y obligándolas a vivir en sistemas pensados por y para hombres.

Uno de los capítulos del Plan, titulado “El Uruguay innovador”, se propone “promover medidas tendientes a incentivar los procesos de desarrollo sostenible que contemplen el acceso y la participación en condiciones de igualdad a los procesos de innovación tecnológica, científica y cultural, de manera de asegurar equidad en los niveles de bienestar social”. Entre sus líneas estratégicas está el “aumento del acceso de las mujeres a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) eliminando la brecha de género existente”.

De concretarse este objetivo, el Estado uruguayo reafirmaría la voluntad política de cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional (entre ellos la sección J de la Plataforma de Beijing sobre Mujeres y Medios de Comunicación, y la convención CEDAW) y a nivel regional (Plan de Acción Regional eLac 2007 y Compromiso de Río).

Una crítica necesaria

Identificar desde un organismo gubernamental la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a las TIC representa un gran avance en el lento camino hacia la consolidación de una estrategia nacional de inclusión digital. Sin embargo, la timidez con que se aborda esa necesidad hace pensar que aún faltan piezas para armar el puzzle.

En esta primera etapa consultiva, el PPNIOD es un borrador en proceso de consolidación con vistas a su redacción final y aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Por eso mismo, muchos de los temas allí tratados pecan de demasiado sintéticos o generales. En el caso de las TIC, las políticas deben trascender la cuestión del acceso para enfatizar la apropiación -uso con sentido, crítico y conciente- de las herramientas informáticas como medios para transformar(se) y empoderar(se). Una de las acciones del Plan apunta más a ello, al proponer el desarrollo de “contenidos que garanticen la incorporación de la perspectiva de género en el manejo de las TIC y promuevan una cultura innovadora equitativa y no discriminatoria”. Por otro lado, la lectura de la propuesta genera las inevitables preguntas: ¿cómo implementarlo? y ¿con quién?

Consultada sobre el lugar de prioridades que ocupan las TIC en el Plan, Marisa Lindner, Asesora del INAMU, aclaró que éste “será definido según los avances que se logren con los organismos. Es un tema de fuerzas, y no es un tema prioritario en la agenda de las mujeres, si bien viene saliendo en los grupos de trabajo de las asambleas. Desde el Instituto, hay interés muy especial en este tema. El problema son las fuerzas para sostenerlo e impulsarlo.”

Cuando de fuerzas se trata, la sumatoria y la articulación con otros actores es imprescindible. Sin embargo, es difícil concretarlo cuando no hay un panorama claro de cuáles son esas fuerzas. En los últimos años, han surgido en Uruguay iniciativas impulsadas desde diversos ámbitos, comprometidas con aportar su granito de arena para ingresar en la llamada Sociedad de la Información. Sin embargo, ello se ha dado en muchos casos en forma desordenada, sin sistematización ni coordinación alguna, evidenciando la ausencia de planes nacionales. Para revertir esto, en junio de 2006 se aprobó en el Parlamento la creación de las Agencias para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). Una de las tareas agendadas para 2007 -pero ya en curso- es el relevamiento de iniciativas por parte de diversos actores, entre ellos organizaciones no gubernamentales.

En el campo de la construcción de masa crítica “que posibilite la incidencia de la sociedad civil en la elaboración, definición y seguimiento de políticas públicas en información y comunicación” cabe mencionar la conformación en 2004 de una red de organizaciones e instituciones llamada Foro de Comunicación y Participación Ciudadana.

A nivel de integración de la perspectiva de género con las TIC, se destaca la experiencia piloto implementada por la ONG feminista Cotidiano Mujer que, junto a la Secretaría de la Mujer del Municipio de Montevideo, invitó a 15 referentes barriales de una zona periférica de la ciudad a participar de una taller en el que, además de familiarizarse con el uso de la computadora, se reflexionó sobre los posibles usos de las herramientas informáticas para transformar las desigualdades de género.

Conclusiones inconclusas

Si bien Uruguay está cuantitativamente bien posicionado en el ranking de acceso a TIC en el contexto Latinoamericano, adolece de políticas nacionales de inclusión digital que promuevan la democratización de las posibilidades económicas, culturales y políticas que estas herramientas ofrecen.

En materia de género el desafío es aún mayor porque paralelamente a la definición de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, es preciso articular acciones con otros actores en un escenario difuso por la falta de sistematización y continuidad de los esfuerzos emprendidos para que la población participe activamente en la Sociedad de la Información como ciudadanía antes que como consumidores/as pasivos de la oferta tecnológica.

En este panorama incierto, la única convicción que cabe es la necesidad de ampliar la participación del espectro de actores y actoras que discutan propuestas, enriquezcan el debate y contribuyan desde sus espacios de incidencia a la consolidación de un plan nacional verdaderamente inclusivo y equitativo. En definitiva, que acudan al llamado.


http://www.genderit.org/esp/index.shtml?w=a&x=95031


2007-02


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Temas :
TIC
Países :
Uruguay

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