Por Montserrat Boix
A las puertas del Día Internacional contra el Tráfico y la Trata de mujeres que se celebra el 23 de septiembre Mujeres en Red ha acompañado la visita realizada por la Presidenta del Partido Socialista de Madrid, Delia Blanco, Tomás Gómez, Secretario General del Partido Socialista de Madrid, David Lucas, portavoz Socialista del Ayuntamiento de Madrid y Ángeles Álvarez Responsable de igualdad del PSM han realizado a APRAMP, Asociación para la reinserción de mujeres prostituidas.
Ha sido especialmente duro escuchar y conocer de primera mano la situación prácticamente de esclavitud que sufren las mujeres en manos de redes de prostitución y las dificultades de las mismas cuando tienen posibilidad -algo no siempre evidente- de poder escapar de este macabro circuito. Muchas de ellas son mujeres inmigrantes y sin papeles. Un aspecto de la violencia de género del que se habla poco a pesar de afectar a millones de mujeres en el mundo.
En Madrid la situación se hace más compleja. Estos días los medios de comunicación informan de que el Ayuntamiento está multando al cliente por realizar el “acto sexual en la calle”. Las multas llegan al domicilio de la persona que ha utilizado los servicios de las prostitutas acompañados a veces de una foto que la policía municipal toma durante el momento en el que el denunciado es pillado “in fraganti”. Desde APRAMP se denuncia que no tiene sentido establecer medidas exclusivamente represoras y recuerdan que la experiencia en otros países es que estas medidas de represión van acompañadas de medidas de apoyo social para que las mujeres prostituidas puedan salir con dignidad de su situación a menudo crítica.
Cooperación con los países de origen para evitar que las mujeres queden atrapadas en las redes de los proxenetas -a menudo son familiares próximos a ellas- , más espacios de apoyo donde las mujeres prostituidas puedan recuperar su autoestima y puedan asumir un periodo de reflexión personal que les permita decidir con libertad su futuro, programas para su reinserción laboral, son claves prioritarias.
Las administraciones locales y autonómicas tienen mucho que decir en todo ello. La represión sin apoyo social a las víctimas no es la solución.
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