Las organizaciones firmantes se lamentan que al largo peregrinaje de las mujeres para ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, hay que añadir los ataques de ciertos grupos que tratan de imponerse con coacciones, amenazas, insultos, pintadas, difamaciones... “ataques en definitiva a la libertad de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo en los términos recogidos por la Ley”. Estos ataques se han incrementado en estos últimos meses en Madrid, concretamente en las Clínicas CB Medical e Isadora, incluyendo amenazas de muerte a trabajadoras. Las organizaciones denuncian que estos ataques están promovidos por organizaciones subvencionadas y apoyadas por la Comunidad de Madrid, con dinero público.
Por tanto exigen a la Comunidad de Madrid que asuma sus responsabilidades en el cumplimento de la Ley y que las interrupciones de embarazos se realicen en la Sanidad Pública. También piden políticas de educación sexual y acceso a los métodos preventivos y anticonceptivos, incluida la píldora post-coital.
Por último reclaman que se garantice la seguridad en las clínicas privadas y la seguridad de sus profesionales, y exige a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid que no promueva alarmas y sospechas infundadas como ocurrió recientemente con la supuesta denuncia a la clínica Isadora.
Las organizaciones piden que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal, para que sean las mujeres quienes decidan y que las administraciones asuman las recomendaciones de la OMS y Naciones Unidas sobre "que todas las mujeres tienen el derecho a decidir libremente si siguen o no con su embarazo..."
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