Todas las mujeres nos vemos por ello obligadas a llevar, durante toda nuestra vida; este burka ideológico.

                        La violencia contra las Mujeres constituye una violación de sus derechos fundamentales y libertades públicas y por ello, todas las conductas en que se manifiesta, han de ser consideradas como delito. Los Estados tienen la obligación de proteger a la ciudadanía de todo tipo de abusos sobre sus derechos y en consecuencia promover las condiciones necesarias y suficientes para prevenir, perseguir y sancionar el maltrato a las mujeres protegiendo eficazmente a las víctimas y reparando sus perjuicios. La administración de Justicia ha dado la espalda a las mujeres al negar a su palabra el valor de prueba para condenar a sus agresores. Jueces/as, fiscales/As y abogados/as, médicos forenses y equipos psicosociales de juzgados y tribunales, deberían aportar y valorar las pruebas indiciarias que pueden darse en los delitos en que se concreta la violencia de género: historia clínica, informes económicos, sociales, psicológicos, policiales y laborales.

                        La teoría feminista debería de ser incluida en los planes de formación de los operadores jurídicos.

                        La violencia de género es un factor desencadenante de conductas suicidas. Si se quiere conocer la magnitud de este problema de España, la investigación judicial de las muertes ocurridas entre mujeres, sean aparentemente suicidas o accidentales, debe incluir un estudio psicosocial del entorno en que sucede, el mismo criterio debería aplicarse en el seguimiento medico-forense, de aquellas lesiones referidas como accidentales, que por sus características hagan pensar en una agresión o una
tentativa suicida.

                        La violencia masculina hacia las mujeres en cualitativa y  cuantitativamente de tal gravedad que hace imprescindible un Pacto de Estado, para elaborar una ley Integral que permita combatir con eficacia la violencia de género.

                       La ley integral, que ha de centrarse en garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia de género, ha de cumplir los siguientes objetivos:
 

• Dar protección inmediata y efectiva a las víctimas, mujeres e hijos, dando prioridad a las medidas cautelares preventivas.
• Contribuir a la erradicación de dicha violencia desde el ámbito legislativo y judicial.
• Elaborar la normativa que coordine los recursos sociales, institucionales o privados.
• La violencia masculina contra las mujeres hay que abordarla desde una 
• perspectiva feminista y tratar a sus víctimas de forma integral, ya que es toda la mujer como persona, y sus hijos e hijas los afectados por esta violencia; facilitando a través de la intervención la internalización de los valores de igualdad y derecho de mujeres y hombres con el fin de prevenir la transmisión generacional de la violencia de género.

                        Las mujeres maltratadas y sus hijas-hijos acuden a los servicios sanitarios, a los centros asesores de la mujer y a los servicios sociales. En numerosos casos las mujeres no reconocen que son víctimas de violencia de género y sin embargo recurren repetidamente a la demanda de ayuda por los profesionales sanitarios, abogados/as y trabajadoras/es sociales. La pasividad o falta de implicación de algunos/as
profesionales conforma también una determinada forma de maltrato. Se están tratando de forma adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género, o de forma inadecuada, dependiendo exclusivamente de la sensibilidad y correcta formación del profesional, equipo o institución al que acuden las mujeres. Es importante eliminar este factor aleatorio y lograr que todos los profesionales responsables de la salud, atención de la defensa jurídica y de la ayuda en el acceso a los servicios sociales sean sensibilizados y
formados en sus respectivas facultades. La atención a las mujeres víctimas de la violencia de género debe de ser integral: sanitaria, jurídica, psicológica y educativa-preventiva; y todo ello desde una perspectiva de género.

                        La violencia hacia la mujer es un acto delictivo y potencialmente muy dañino. Una intervención médica adecuada y una correcta derivación puede salvar una vida, evitando la muerte física o la destrucción emocional de una persona.

                        La educación sexista es el caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres.

                        El actual modelo amoroso educa para ejercer y soportar la violencia por amor. Las adolescentes, al iniciar una relación, tienden a sacrificar las otras facetas de su vida por dicha relación y esto puede suponer el inicio de la dependencia y el sometimiento.

                        Todos los maltratadores han pasado por la escuela. Eso quiere decir, que en ella se reproducen los roles sexistas. Deben buscarse soluciones preventivas desde el ámbito educativo.

                        La coeducación no puede ser un mero transitar por espacios antes reservados a los varones. Debe planificarse un proyecto coeducativo transversal que haga surgir nuevos modelos amorosos y eróticos y que suponga un cambio en las relaciones entre los sexos para que dejen de estar basadas en la violencia y la dominación.

                        Debe tratarse de un modelo educativo global que trabaje los aspectos corporales, cognitivos y emocionales, un proyecto que interrelacione la escuela, la familia y la ciudad, que tenga en cuenta el autoconcepto, las creencias, los deseos y las expectativas.

                        Los varones adultos tienen una gran responsabilidad en mostrar a niños y adolescentes que existen otras formas de masculinidad no asociadas a la violencia sino al amor, la ternura y el cuidado. Es fundamental ofrecer modelos alternativos de masculinidad a los más jóvenes.

                        La sociedad ha de reconocer el saber acumulado de las mujeres como motor de cambio. Silenciar a la mitad de la población, robarle la historia, desautorizar su palabra, sus acciones, es una forma básica de violencia contra todo el colectivo de las mujeres.

                        Los medios de comunicación convencionales y masivos proponen un tratamiento de la violencia contra la mujer desde un punto de vista morboso, sin analizar las causas de la misma, sin definición editorial, sin seguimiento del problema ni aportación de opinión que permita vislumbrar soluciones y alternativas preventivas. Por el contrario proponen una gran aportación de noticias que producen un efecto narcótico en la
audiencia.

                        Las dos vías señaladas como alternativas al actual discurso comunicativo son, por una parte, que las organizaciones de mujeres que están trabajando en violencia de género sean consultadas y se conviertan en fuentes informativas de primer orden; por otra, se hace indispensable potenciar e impulsar redes informativas propias y medios de comunicación alternativos en los que en la dirección, diseño y planificación esté representada la mujer en condiciones de paridad, situación que no se produce en la actual prensa generalista ni siquiera en la llamada femenina.

                        Se debe introducir la perspectiva de género en la formación de profesionales periodistas tanto en las facultades de comunicación como en las plantillas de trabajadores de los medios de comunicación de masas.

                        Los medios de comunicación audiovisual a través de sus organismos de representación proponen la violencia como un ingrediente incuestionable de la narración y como un principio de su aspiración espectacular y por este motivo la violencia contra las mujeres aparece trivializada y minimizada, proponiéndose en la mayoría de ocasiones una
visión placentera de la misma, totalmente inadmisible.

                        Es imprescindible proponer la enseñanza de los lenguajes audiovisuales dentro de los programas de prevención, así como en los curriculums educativos.

                        La atención a mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito policial debe ser integral e interdisciplinar; debe de contemplar todas las necesidades de la víctima: atención de emergencia, recepción de denuncias, apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico legal y protección policial.

                        Todos los sectores profesionales implicados deben participar activamente en la elaboración y desarrollo de los programas de atención.

                        Los ayuntamientos como administraciones mas próximas a los ciudadanos son los que concretan las medidas que erradican la violencia y los mas preparados para ofrecer respuestas específicas. El municipio además cuenta con las competencias suficientes para el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas que mejoren el bienestar de las personas que viven en él.

                        El ámbito municipal, es por ello el mas adecuado y eficaz para desarrollar políticas dirigidas a luchar contra la violencia sobre las mujeres y que garanticen a las víctimas una atención de calidad.

                        La atención que merece este fenómeno social exigen que los ayuntamientos contemplen en sus presupuestos acciones dirigidas a erradicar este problema.

                        Las políticas de discriminación positivas son la vía mas rápida de consolidar cambios y esto exige la puesta en marcha de planes municipales de igualdad de oportunidades.

                        Todas las conclusiones anteriormente expuestas son esenciales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Han de ser asumidas por todos los sectores de la sociedad puesto que el problema afecta a toda la humanidad.
 

GIJÓN -2001