LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ALGUNOS APUNTES SOBRE LA
HISTORIA DE LA PROPUESTA
Durante
los años 1998 y 1999 las organizaciones de mujeres que
trabajaban en el estudio de la violencia de género y en la
atención a las víctimas, plantean la necesidad de una Ley
Integral contra este tipo violencia. Su planteamiento es que se trata
de un problema de Estado y que es necesario afrontarlo con
políticas en todos los ámbitos.
En
la campaña electoral del 2000 el Presidente del Gobierno
José María Aznar, en aquel momento candidato del Partido
Popular, se comprometió en una reunión con la Plataforma
de Mujeres Artistas celebrada en el Palacio de la Moncloa el 9 de
febrero del 2000 a poner en marcha una Ley Integral en caso de llegar a
gobernar, durante la campaña en diversas ocasiones
también Javier Arenas asumió públicamente la
propuesta.
En
el mismo sentido se manifestó el PSOE, y así Grupo
Parlamentario Socialista presentó una moción en el mes de
junio de ese año pidiendo al Gobierno que llevara a la
Cámara una iniciativa legislativa en cumplimiento de este
compromiso común. La moción fue rechazada.
El
PSOE inició los trabajos de elaboración de una
Proposición de Ley integral contra la violencia de
género, en la que participaron personas expertas en el
ámbito jurídico (penal, civil, procesal, laboral),
así como en el sanitario, y educativo, y sobre todo contó
con las aportaciones de quienes desde el movimiento de mujeres llevaban
años luchando contra la violencia de género.
El
Grupo Parlamentario socialista presentó además una
proposición no de ley que pedía la creación de una
Delegación del Gobierno contra la violencia de género,
con rango de Secretaría de Estado. Esta propuesta también
fue rechazada.
Estas
dos iniciativas del PSOE son importantes porque llevan el problema de
la violencia contra las mujeres al mayor rango tanto administrativo
como en cuanto a derechos:
-
La creación de una Delegación del Gobierno implica que
quien se ocupa de combatir esta violencia tiene capacidad para
coordinar acciones de gobierno que afectan a diversos Ministerios, y
además recursos y poder político suficiente para tomar
las medidas que sean adecuadas.
-
Una Ley integral resulta de especial interés especialmente en
dos aspectos
fundamentales:
Por
una parte, regular las medidas contra la violencia por Ley
Orgánica significa que convertimos el vivir sin violencia en un
derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de
cumplir. Significa que las personas tienen derecho a ser educadas en
igualdad, que quienes atenten contra este derecho serán
castigados, que las mujeres tienen derecho a su recuperación y a
ser acogidas adecuadamente – por lo tanto nunca puede pasar que no
puedan acceder a una Casa de Acogida porque no hay plazas, como ocurre
en la actualidad - , que tienen derecho a las ayudas económicas
que regula la ley – por lo tanto nunca puede pasar que se acaban las
ayudas porque no hay partida presupuestaria suficiente -, que tienen
derecho a la atención adecuada y especializadas por parte de
policías, jueces, personal sanitario, etc...
Por
otra parte, esta propuesta es importante porque es integral, es decir
afecta a todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia
de género, desde la prevención a la protección, a
la atención sanitaria, social, laboral, etc.. y además
hace posible la coordinación judicial.
Es
en esta línea en la que Grupo Socialista presenta en el Congreso
de los Diputados su Proposición de Ley Orgánica Integral
contra la violencia de género, registrada en diciembre del
2001.
Su
debate tienen lugar el día 10 de septiembre de 2002, con el
siguiente resultado: 165 votos en contra, 151 a favor. Todos los grupos
políticos apoyan la iniciativa a excepción del Grupo
Popular que voto en contra.
Mientras tanto las
organizaciones de mujeres, constituidas en Red de Organizaciones
Feministas contra la violencia de género, presentan en Madrid su
campaña en favor de una “Ley integral contra la violencia de
género”.
Además,
el día 4 de septiembre de 2002, IU presentó una
Interpelación Urgente al Gobierno, para su debate en pleno, con
el objeto de que explique el balance de las medidas puestas en marcha
hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la violencia de
género.
Fruto
de esta interpelación el día 11 de septiembre presenta
una moción que se plantea así : “ El Congreso de los
Diputados acuerda promover un Pacto de Estado para dar una respuesta
integral de todas las administraciones, agentes sociales y fuerzas
parlamentarias que frene y supere el terrorismo de género
y sus efectos sociales, económicos y políticos con las
adecuadas partidas presupuestarias en cada caso”. Además le
acompañan una serie de medidas concretas, que en ningún
caso hacen referencia a la necesidad de una ley
integral.
Ante
esto, todos los grupos políticos presentan enmiendas, pero
sólo dos Grupos Parlamentarios plantean una enmienda de
adicción a la moción que hace referencia a una ley
integral. Estos grupos son Coalición Canaria y el Grupo
Parlamentario Socialista, con los siguientes textos:
Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria:
“5.
Promover el desarrollo de una ley integral para la prevención y
erradicación de la violencia de género, debiendo
presentar una iniciativa en esta Cámara antes de que acabe el
2.003”.
Grupo
Parlamentario Socialista:
“6.
Presentar, en el plazo de tres meses, una ley integral contra la
violencia de género, cuyo objetivo sea atajar las causas y
consecuencias de la violencia física, sexual o
psicológica contra la mujer, y contra sus hijos e hijas menores
de edad. Esta Ley debe incluir medidas de prevención, de
protección, educativas, sociales, sanitarias y de asistencia
socioeconómica para las víctimas. De forma
específica esta Ley deberá garantizar la educación
en igualdad y contra la violencia para niños y niñas, la
creación de Juzgados de
Igualdad y Asuntos Familiares,
Secciones específicas para atender la violencia en el
ámbito familiar en cada Fiscalía, una Delegación
del Gobierno contra la violencia de género con rango de
Secretaría de Estado, el Fondo de Garantía de Pago de
Alimentos, y también debe contar con una
dotación presupuestaria suficiente, que incluya
aportación económica para que las Comunidades
Autónomas puedan cumplir los compromisos que afectan a sus
competencias. Esta Ley debe ser
elaborada en base al consenso de todos los Grupos Parlamentarios y las
asociaciones de mujeres expertas, que trabajan contra la violencia de
género, y en coordinación con las Comunidades
Autónomas.”
El
PP por su parte presentó una enmienda que dice: “El Congreso de
los Diputados entiende necesario que se constituya una Mesa de trabajo
con representación de todos los grupos políticos de la
Cámara para impulsar un gran acuerdo sobre la violencia de
género y que continúe en la labor de apoyo a las
víctimas de este grave problema social”.
Pero
estas enmiendas a la moción no se aprobaron, porque ante las
enmiendas presentadas, IU retiró su moción y se
negoció un texto alternativo con el siguiente contenido:
“El
Congreso de los Diputados aprueba constituir, mediante el procedimiento
reglamentariamente establecido,
una Subcomisión, en el seno de la Comisión
correspondiente, para concretar
en el plazo máximo de 4 meses, la articulación de un
Acuerdo entre todas las fuerzas con representación
Parlamentaria, con el fin de formular medidas legislativas que den una
respuesta integral frente a la violencia de género”.
Este
texto fue el aprobado finalmente por todos los grupos de la
Cámara. No conlleva implícitamente la puesta en marcha de
una Ley integral contra la violencia.
Desde
las organizaciones de mujeres consideramos que el Parlamento
perdió una gran oportunidad cuando no votó la Propuesta
de Ley del PSOE. Es muy importante en todo caso, seguir defendiendo la
ley integral contra la violencia de género.
La
creación de una subcomisión es positiva si ello conlleva
un Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres constituido
sobre la base y el desarrollo de una Ley integral contra la violencia
de género. El sentido de esta comisión será pues
importante si se logran resultados en esa línea y representan un
avance en los derechos de las mujeres.
La
creación de esta subcomisión es la consecuencia del
debate que se produjo en el Pleno el día 10 de septiembre, del
apoyo que a la iniciativa socialista le dieron el resto de los grupos
políticos, así como de la presión que las
organizaciones de mujeres hicieron mientras se celebraba el pleno, y
han seguido haciendo a través de los medios de
comunicación durante estos días. El hecho de que el
Parlamento haya tenido que tomar la iniciativa frente a la violencia de género es una muestra de la
importancia de este tema para la sociedad española, pero
también es una muestra del fracaso de la política del
Gobierno del PP.
El
Gobierno y el Grupo Popular perdieron la oportunidad de avanzar el
consenso sobre un texto ya elaborado la semana pasada que sí
daba respuestas y enfocaba el problema adecuadamente.
Las
últimas declaraciones del Presidente del Gobierno José
María Aznar con fecha 18 de septiembre en respuesta a la
pregunta en la sesión de control al Gobierno del secretario
general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que
pidió a Aznar un "compromiso ante el Parlamento" de que
promoverá esta ley en el marco de la subcomisión que
trabajará durante cuatro meses en el Congreso y cuya
creación fue aprobada el día anterior con el consenso de todos los grupos a iniciativa de IU no deja duda de las
intenciones del PP. Zapatero le recordó que, según una
noticia de agencia del 9 de febrero del año 2000 .en plena
campaña electoral, dijo- Aznar se comprometió a impulsar
una ley integral contra los malos tratos tras reunirse con un grupo de
cantantes que representaban a distintas asociaciones de mujeres. El presidente del Gobierno replicó que "si
hubiéramos comprometido una rey integral contra la violencia
doméstica la hubiéramos puesto en marcha" Y
añadió que recuerda "muy bien" que manifestó a las
representantes que acudieron a La Moncloa sus
"muy serias dudas" sobre que la norma integral sea "el camino
más adecuado".
Los
documentos de video de las declaraciones en la fecha en la que se
produjo el encuentro entre la Plataforma de Mujeres Artistas y
José María Aznar y una nota oficial de Moncloa en ese
momento pronunciándose tras la reunión a favor de una ley
integral contra la violencia de género dejan al descubierto y en
absoluta evidencia la posición del gobierno y del PP en este tema.
Las
organizaciones de mujeres queremos que la violencia de genero sea
considerado un problema de Estado como se considera en estos momentos,
por ejemplo, el terrorismo político. Reivindicamos un pacto de
Estado por encima de los partidismos y apelamos a la responsabilidad
del Gobierno Español en este sentido elaborando tal como se
comprometió en el año 2000 una
LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
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