Caso Lydia Cacho: Cuando opinar es un delito. Mordaza de prensa en la democracia de las CocaColas

Desde los tiempos en que Regeneración comenzó su destino manifiesto, las demandas por difamación en Mexico no dejan de respirar aires de gobierno. Especialmente desde 1917 que con la intocable Ley de Imprenta se ha intentado poner en cintura la información pública en aras de la vida privada y moral. Pero para la historia del poder de la costumbre en visperas de un año electorero, nuevos capítulo se escriben ahora que se revela la compleja trama de relaciones entre el precio de la justicia y el poder trasnacional.

Puebla de las maquiladoras (antes de los Ángeles) es el escenario donde el temor político al periodismo de investigación y la defensa de los derechos humanos tienen como modelos de experimentación, impunidad y autoritarismo a piezas claves (víctimas quizá) en este panorama: Lydia Cacho y Martín Barrios acusados de difamación y chantaje respectivamente, en una compleja trama que entremezcla tráfico de influencias, censura, pornografía infantil, explotación laboral, criminalización política y ese largo etcétera que caracterizan de por sí al autodenominado "gobierno del cambio" y sus allegados que, por cierto inscribieron en el papel membretado que reza la denuncia penal en contra de la colaboradora de CIMAC la siguiente denominación: “Agencia del Misterio (SIC) Público Especial para Delitos Electorales”.