Por primera vez en Colombia, una ciudadana interpone una demanda ante la Corte Constitucional que busca despenalizar el aborto en tres circunstancias extremas.
Hoy a las 10 de la mañana, la abogada Mónica Roa interpondrá, a nombre propio, una demanda ante la Corte Constitucional que busca despenalizar el aborto en tres circunstancias extremas: cuando la vida de la mujer o su salud están en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
Esta es la primera vez que en Colombia se demanda la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal vigente, que estipula una pena de hasta tres años de prisión para quien se practique un aborto y para quien lo facilite. La legislación colombiana penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.
La demanda pide a la corte aplicar los lineamientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo valor ha reconocido en muchas de sus decisiones, pero que nunca ha usado para analizar el tema del aborto. Colombia ha ratificado diversos tratados internacionales de Derechos Humanos, tales como la Convención Contra todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con este compromiso adquirido frente a la comunidad internacional, el Estado colombiano tendría que acoger las recomendaciones de liberalizar la ley sobre el aborto, permitiendo su aplicación en casos extremos.
Según la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso tienen prevalencia sobre las leyes nacionales y sirven de guía en la interpretación de derechos y responsabilidades establecidas en la Constitución.
Una necesidad inaplazable
Sólo 0,4% de la población mundial vive en países en donde el aborto está totalmente prohibido. Colombia es uno de ellos. A nivel mundial incluso países de tradición católica como Italia, Polonia y España, cuentan con leyes mucho más liberales que la colombiana. En América Latina, Colombia, Chile y El Salvador son los países con la legislación más restrictiva.
Sin embargo, en Colombia el aborto es la tercera causa de mortalidad materna. Veinticuatro por ciento (24%) de todos los embarazos en Colombia terminan en aborto y cerca de treinta por ciento (30%) de las mujeres que tienen un aborto, sufren complicaciones.
Esta es una realidad que requiere respuesta. Según una encuesta contratada en 2003 por la Organización Católicas por el Derecho a Decidir a la firma Napoleón Franco, entre hombres y mujeres católicos practicantes, setenta y tres por ciento (73%) de los encuestados aprueba el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro, sesenta y cinco por ciento (65%) lo aprueba en casos de malformación fetal y cincuenta y dos por ciento (52%) cuando el embarazo es el resultado de una violación.
Por razones como las anteriores, Mónica Roa, la abogada demandante, piensa que la liberalización de la ley sobre el aborto es una necesidad inaplazable en Colombia. "El precedente legal, el derecho internacional y las actitudes de la sociedad hacia el aborto, todo parece converger en favor de las mujeres colombianas, que por años han tenido que sacrificar su derecho a la vida, a la integridad, a la igualdad y la dignidad.
Bogotá DC, 14 de abril de 2005
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