El pasado 3 de mayo la fuerza pública mexicana entró en San Salvador Atenco, Estado de México, para detener a simpatizantes e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 14 quejas por abuso sexual y dos por presunta violación contra mujeres.
Temerosas por las represalias de los policías que intervinieron en el operativo, las mujeres agredidas sexualmente y violadas por policías, difícilmente podrían presentar en breve una denuncia, valoró Luisa Pérez Escobedo, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
La defensora de derechos humanos confirmó dos violaciones y un abuso sexual a mujeres detenidas al tiempo que manifestó el temor de las otras agredidas a denunciar toda vez que los policías les tomaron sus datos de identificación personal durante el traslado al penal de Santiaguito.
La abogada indicó que por ahora el acceso con las mujeres ha sido limitado, sin embargo han logrado “un acercamiento porque algunas quieren hablar lo que les pasó”, como es el caso de quienes dieron testimonios para el informe.
Contrario a lo dicho por el procurador de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña y Arlete López Trujillo a la fiscal Pérez Duarte de que no hay mujeres detenidas, el Prodh ha documentado en sus listas de detenciones a 54 mujeres, de las cuales cuatro ya fueron deportadas.
Entre ellas se encuentran las españolas María Sostres Torrida y Cristina Vals Fernández; la mexicana-chilena Valentina Palma Novoa y Ariane Samantha Diezmar.
Amnistía Internacional en voz de Héctor Guerra, emitió una acción urgente para que se esclarezcan los hechos y manifestó su preocupación por cada persona detenida, al tiempo que pide a las autoridades garantizar su integridad y les permita la asistencia médica.
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