Grupo 25, un colectivo de profesionales que trabajan en violencia de género, rechazó hoy que los programas de reeducación destinados a los maltratadores sustituyan a las sanciones penales.
En rueda de prensa, responsables de Grupo 25 presentaron un monográfico sobre los planes de actuación con hombres que ejercen violencia en la pareja, destinados a aquellos procesados que ’no ingresan en prisión’ y siguen este tipo de terapias ’a nivel externo’, en palabras de Angeles Alvarez, de la Fundación Mujeres.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira González, alertó de que ’casi todas las penas inferiores a un año’ por violencia de género se sustituyen por estos programas, de ahí la importancia de que ’garanticen la seguridad de la víctimas’.
La orientación de género para abordar el tratamiento a seguir es uno de los criterios, ya que responde a un problema cuyas raíces ’están sustentadas en modelos patriarcales’, porque estos hombres creen que la violencia hacia la mujer está legitimada, indicó el presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia, Andrés Montero.
La incorporación de profesionales cualificados que sigan de modo permanente la evolución del hombre para que modifique sus comportamientos es otra de las propuestas del monográfico ’Criterios de Calidad para intervenciones con hombres que ejercen violencia en la pareja’.
El porcentaje de eficacia de programas anteriores a la ley integral contra la violencia de género se sitúa en torno al 40 ó 60 por ciento, explicó Montero, quién añadió que la intervención se debe abordar desde el conocimiento, la conducta, las emociones y ’el factor histórico’ de este tipo de hombres.
Alvarez recordó que los servicios sociales del centro penitenciario de la zona de residencia del maltratador ’son los que tienen la potestad’ de elaborar y seguir los planes de intervención, cuya eficacia depende de la motivación del agresor para tomar conciencia del problema.
Asimismo solicitó al Gobierno la homologación de los modelos específicos de reeducación de los agresores y la articulación de ’sistemas de control de cumplimiento’ de estos programas.
El control ’allá donde haya fondos públicos’, como es el caso de estos programas, cuya imposición es obligatoria desde su inclusión en la Ley Integral de Violencia de Género, fue subrayado por Montero, quién además recalcó que esta iniciativa responde a la inexistencia de auditorías para estas prácticas por parte de la Administración.
Fuente: EFE
1997 -
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