Peces-Barba asegura que el proyecto de ley contra la violencia de género se ajusta a la Constitución

El catedrático y rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, ha asegurado hoy que el proyecto de ley contra la violencia de género aprobado por el Gobierno es "perfectamente constitucional", aunque sea necesario realizar algunas modificaciones. Muestra así su desacuerdo con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que criticaba la discriminación positiva y la incidencia en lo que el máximo órgano de gobierno de los jueces considera un "derecho penal de autor".

Peces-Barba ha sido la primera persona citada para comparecer ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, donde durante esta semana y la siguiente se llamará a expertos cuyas aportaciones sirvan a los grupos para perfeccionar el proyecto y elaborar el texto definitivo

Para Peces-Barba "lo innovador e importante de este proyecto de ley es que entra en el ámbito del derecho penal", y reiteró que se puede mantener "sin tacha alguna" si se presta atención a la "vulnerabilidad social de las víctimas", que es un "plus" respecto al hecho mismo de la agresión.

El portavoz del PSOE en la comisión, Julio Villarrubia, hizo hincapié en los reparos de la mayoría del CGPJ a esta ley, y pidió a Peces-Barba un análisis sobre si, en contra de la postura del máximo órgano de gobierno de los jueces, la agresión de un hombre a una mujer debe ser tratada de forma diferente al ataque de una mujer a un hombre.

Los trabajos de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales se prolongarán durante tres días. Por la sala pasarán 18 expertos; otros tantos acudirán en septiembre. Entre ellos figuran, además de Peces-Barba, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, y representantes del Poder Judicial y de las organizaciones de mujeres. La polémica sobre la ley se centra en la discriminación positiva: afecta sólo a las víctimas femeninas de la violencia doméstica (las mujeres presentan nueve de cada 10 denuncias) y agrava las penas si quien amenaza es hombre.

Las organizaciones de mujeres también compareceran en el Congreso

Hoy comparecen Ana María Perez cel Campo y Enriqueta Chicano Mañana martes Angeles Alvarez

El proyecto de ley orgánica integral contra la violencia sexista echa a andar esta semana en el Congreso. Durante tres días, los diputados de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales escucharán las opiniones de 18 expertos. Otros tantos acudirán en septiembre. Entre ellos figuran el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba; el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, y representantes del Poder Judicial y de las organizaciones de mujeres. La polémica sobre la ley se centra en la discriminación positiva: afecta sólo a las víctimas femeninas de la violencia doméstica (las mujeres presentan nueve de cada 10 denuncias) y agrava las penas si quien amenaza es hombre.

Primero, los expertos. Después, los debates. En la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso se inician hoy las comparecencias de especialistas. Es el paso previo a la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género aprobado por el Gobierno el pasado 25 de junio. El Ejecutivo desea que la norma quede aprobada antes de fin de año.

Aunque tanto el PSOE como el PP han mostrado su deseo de alcanzar el máximo consenso, las divergencias de partida son notables. El partido del Gobierno defiende que la norma ampare sólo a las mujeres maltratadas y propone agravar el tratamiento penal de las amenazas o coacciones leves (sería delito si las comete el hombre y falta si son obra de la mujer). Considera que esas medidas de discriminación positiva son plenamente constitucionales. "Es innegociable. La ley debe dirigirse sólo a las mujeres, porque son las vulnerables", afirma la ponente socialista de la ley, Esperanza Esteve. Según el PSOE, las demás víctimas de la violencia doméstica están ya protegidas en el ordenamiento. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha insistido en que la futura norma también ampara a los hijos de las maltratadas.

"La filosofía de la ley es buena, porque hay que luchar contra la violencia, pero no nos gusta el proyecto del Gobierno", afirma la ponente popular, Susana Camarero. "No nos gusta la discriminación penal y, además, creemos que la ley debe amparar a todas las víctimas de la violencia familiar: mayores, niños, hombres, homosexuales... Es cierto que el 90% de las denuncias son de mujeres, pero no se puede dejar fuera al otro 10%", añade. El PP parte de una idea: "Se puede proteger a todas las víctimas sin desproteger a las mujeres". Los populares han rechazado presentar enmienda a la totalidad (el plazo para ello acaba hoy) porque desean que la ley se apruebe por consenso, según Camarero. En cambio, presentarán enmiendas parciales tras escuchar a los expertos, cuyo número de comparecencias quieren ampliar.

De momento está prevista la asistencia de 18 expertos esta semana y de otros tantos a comienzos de septiembre, cuando se reanuden los trabajos, explica la presidenta de la comisión, Carmen Marón. "Ha habido una voluntad de consenso de todos los grupos para decidir sobre las comparecencias. La comisión afronta la ley con buen clima", asegura. Por su parte, el PP desea que se amplíe el número de expertos que acuda a la Cámara. "Cuantas más personas se escuchen, mejor", afirma Camarero. Añade que los grupos han pedido en total la intervención de más de 90 expertos.

Las comparecencias, que se celebrarán hoy, mañana y el jueves a un ritmo de seis expertos por jornada, arrancan hoy con la de uno de los /padres/ de la Constitución, Gregorio Peces-Barba (a petición del PSOE). A continuación intervendrán el catedrático de Sociología Amando de Miguel (propuesto por el PP) y el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida (solicitado por Izquierda Verde). Por la tarde lo harán el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio (a petición socialista) y dos representantes de asociaciones de mujeres, Ana María Pérez del Campo (solicitada por socialistas y CiU) y Enriqueta Chicano (PSOE).

El martes intervendrán dos vocales del Consejo General del Poder Judicial: su portavoz, Enrique López (a solicitud de los populares), y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas (a iniciativa de CiU y PP). También comparecerá un representante de Amnistía Internacional. El jueves intervendrán el médico Miguel Lorente (propuesto por el grupo socialista) y el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades (por iniciativa del PP e IU), entre otros.

Fuente: El País