El Gobierno español planterá que las víctimas de violencia de género no queden dispensadas de declarar contra su pareja

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y la delegada especial del Gobierno contra la Violencia de Género, Encarnación Orozco, afirmaron que es intención del Gobierno volver a plantear una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excepcionar a las mujeres víctimas de violencia de género del derecho de dispensa que poseen todos los españoles para no declarar contra sus parejas sentimentales.

Tras la firma de un acuerdo con la Entidad Pública Empresarial Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ambas responsables recordaron que el artículo 416 de la citada Ley dispensa a cualquier ciudadano a declarar contra su compañero sentimental cuando éste es acusado de algún delito por el conocimiento íntimo que tiene de esa persona. La paradoja, según Murillo, es que en este caso, la persona que tiene que declarar no es un testigo sino la víctima del delito.

El ejecutivo trató de llevar a cabo este cambio a través de la Ley de Igualdad introduciendo esta modificación en el Senado, pero finalmente fue rechazado. El problema, según ambas, es que el cambio puede interpretarse como una sustracción de derechos en lugar de un intento de proteger la vida de las víctimas para evitar que al no declarar, decaiga la denuncia, y todo el aparato protector que se activa tras ella.

"Las mujeres ya tienen dificultad para denunciar —explicó Murillo—. Si cuando van a declarar, el juez les informa de que tienen derecho a no declarar contra su pareja, muchas de ellas deciden no hacerlo y decae la denuncia".

RETIRADA DE ACUSACIÓN.

En la misma línea, Orozco explicó que cuando la Fiscalía actúa de oficio, se encuentra en muchas ocasiones con que la única prueba es la declaración de la víctima, ya que los hechos ocurren en el ámbito privado. "Esto explica el alto porcentaje de retiradas de acusación que se producen", agregó. Es precisamente por este motivo por el que recientemente la Fiscal Especial contra la Violencia de Género, Soledad Cazorla, ha reclamado la modificación del precepto.

A juicio de Murillo y Orozco es importante antes de volver a plantear esta modificación explicar muy bien a la ciudadanía que no se trata de la sustracción de un derecho sino de la protección de la víctima. En lo que va de año, según Orozco, 23 mujeres han perdido la vida a causa de la violencia de género.

Precisamente para dar a conocer el fenómeno de la violencia de género, Murillo y el presidente de Adif, Antonio González, suscribieron hoy una adenda al acuerdo firmado en noviembre de 2006 entre esta institución y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para llevar a cabo una campaña de información y sensibilización en esta materia.

EUROPA PRESS