La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la constitucionalidad de los preceptos de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres que habían sido cuestionados constituye una decisión histórica en el largo camino que seguimos recorriendo hacia una sociedad plenamente democrática, en la que la histórica discriminación de las mujeres resulte definitivamente superada.
Difícilmente puede encuadrarse en el siglo XXI, en una sociedad que se afirme democrática, dentro de la libertad ideológica actuaciones que mantengan una presencia meramente simbólica de las mujeres en el ámbito de la representación política o social o dentro del pluralismo político decisiones que impidan o restrinjan la visibilidad y participación de las mujeres en la vida social.
El aval constitucional a la garantía de representación equilibrada de mujeres y hombres en la vida política ha de ser valorado no como norma protectora de mujeres ni de hombres sino de toda la sociedad, que avanza así hacia cotas efectivas de igualdad real.
Todos los pasos que se den para afirmar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ayudarán a incorporar la igualdad real en todos los ámbitos, también en las relaciones personales, con la consecuencia de servir a reducir las insoportables cifras de violencia contra las mujeres, que es la manifestación más brutal de la desigualdad.