Polémica decisión del Gobierno de Bachelet, que permite a la sanidad pública dispensar el fármaco a las adolescentes
MANUEL DÉLANO - Santiago/El País
La decisión del Gobierno chileno, que preside Michelle Bachelet, de entregar gratuitamente la píldora del día siguiente en los servicios de salud estatales a las adolescentes de 14 años o más que la soliciten, incluso si no acuden acompañadas por sus padres, ha generado fuertes disensiones con la Iglesia católica y la derecha de Chile. Incluso ha separado a los socialistas de sus aliados, la Democracia Cristiana (DC), unidos en el seno de la Concertación, la coalición gobernante.
Partidarios y detractores de este anticonceptivo de emergencia han desenvainado argumentos con pasión, centrados en la posibilidad de que las adolescentes pidan la píldora sin consentimiento de sus padres. El Gobierno justifica su decisión en el hecho de que cada año nacen 38.000 niños de madres adolescentes en el país -un 3% de estas jóvenes tiene 14 años o menos- y la califica de iniciativa a favor de la igualdad, porque los pobres no pueden acceder a este fármaco si se vende en las farmacias.
En las zonas más ricas del país se venden 10 veces más cajas de píldoras que en las más pobres.
Las cifras se invierten con los embarazos adolescentes: en 2003 hubo uno en Providencia y ninguno en Vitacura, dos de los barrios más ricos de la capital, mientras que en La Pintana, uno de los más pobres, hubo 29 madres adolescentes. Chile y El Salvador son los dos únicos países latinoamericanos donde el aborto, incluso el terapéutico, está prohibido. Sin embargo, en Chile se practican unos 160.000 abortos ilegales cada año, al tiempo que crece la cifra de madres que no desean a sus hijos.
La resolución de la píldora del día siguiente, que entrará en vigor el próximo octubre, fue adoptada por la ministra de Salud, María Soledad Barría, socialista como la presidenta, y ha desencadenado una tormenta. Según Barría, la medida pone a disposición de las personas “la totalidad de los métodos anticonceptivos que existen, para que, de acuerdo a su propia convicción y no por imposición de nadie, puedan decidir cuál es el que prefieren”.
La reacción más enérgica ha partido de la Iglesia católica. El comité permanente de la Conferencia Episcopal chilena calificó la distribución de la píldora como una política pública que recuerda “a las fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas” y sostuvo que puede tener efectos abortivos. Su uso es un “crimen nefasto” que incentivará las relaciones sexuales de los menores de edad, afirmó el cardenal Jorge Medina, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Dos alcaldes de zonas donde gobierna la derecha presentaron recursos en los tribunales para impedir la distribución. Una alcaldesa incluso denunció que la píldora produce cáncer.
Las réplicas del debate llegaron hasta la propia coalición de Gobierno. La presidenta de la DC, Soledad Alvear, reprochó que es el “camino más fácil” y afirmó que no le habría gustado que su hija iniciara tan temprano la vida sexual “y le dieran la píldora sin yo saberlo”. Un ex ministro de Salud de este partido, Pedro García, agregó que puede incrementar el número de embarazos adolescentes. La DC reprochó a La Moneda falta de información previa sobre la medida y algunos diputados de este partido aparecieron con otros de derecha para rechazar la píldora.
Bachelet, médica de profesión, salió en defensa de la píldora. A la Iglesia católica contestó que, “en democracia, nadie impone sus creencias”. Recordó que entre los adolescentes de hogares ricos hay un 2,3% de embarazos, mientras que entre los pobres el promedio es 10 veces superior, un 20,6%, lo que indica que los más pudientes acceden a métodos de control de la natalidad. Los partidos más cercanos a la presidenta intentan ahora rebajar la tensión y han pedido a la iglesia que modere su lenguaje. Pero todo hace indicar que la batalla por la píldora del día siguiente aún no ha concluido.