La UE trabaja en una directiva para obligar a la paridad en las grandes empresas

El objetivo es alcanzar consejos de administración paritarios en el 2020

Se prevén multas, el fin de subvenciones o la anulación de los nombramientos

Por Beatriz Navarro | Bruselas

A la comisaria europea de Justicia Viviane Reding no le gustan las cuotas, dice, "pero sí lo que las cuotas consiguen". Tras las primeras recomendaciones de Bruselas (en los años noventa), con el cambio de siglo llegaron las advertencias y, al final, un ultimátum en toda regla. En marzo del 2011, la Comisión Europea dio un año de tiempo a las grandes empresas para incorporar voluntariamente a más mujeres a sus consejos de administración, con pasos contundentes para, en el 2020, llegar a una cuota femenina del 40%. Si no es así, advirtió rotunda Reding, avanzaría por la vía legislativa para conseguirlo.

Esta primavera constató que el objetivo sigue muy lejos: al ritmo actual de incorporación de la mujer a las cúpulas empresariales (0,6% más cada año) se tardaría 40 años en alcanzarlo. Y la comisaria luxemburguesa, curtida en mil batallas políticas en Europa, no ha perdido el tiempo para poner en marcha la maquinaria legislativa comunitaria. Las cuotas femeninas en los puestos de responsabilidad de las empresas, tan denostadas como anheladas, están más cerca que nunca en Europa.

El texto se encuentra en la fase de consultas internas. La propuesta llegará a finales de octubre o noviembre y cuenta, de entrada, con la oposición de un amplio número de países miembros: unos porque no tienen cuotas obligatorias en sus legislaciones, otros porque no creen en ellas y algunos porque opinan que Bruselas no debe ocuparse de estas cuestiones.

Diez países, liderados por Reino Unido y Suecia, han formado una coalición anticuotas para frenar la iniciativa. Pero Reding pisa fuerte y apuesta por la vía legislativa para acabar con el desequilibrio actual: sólo un 13,7% de los miembros no ejecutivos de los consejos de administración eran mujeres en el 2011.

La pelea ha empezado en el colegio de comisarios europeos, que debe aprobar la propuesta legislativa antes de presentarla a los Gobiernos y el Parlamento Europeo. Reding se ha granjeado el firme apoyo de los responsables de Asuntos Sociales (Andor Lazlo), Mercado Interior (Michel Barnier) e Industria (Antonio Tajani), pero ha topado con la oposición de la sueca Cecilia Malmström y la británica Catherine Ashton (curiosamente, elegida en parte para reequilibrar una ronda de nombramientos demasiado masculina). El resto de lo 27 comisarios no se ha posicionado claramente.

Su presidente, José Manuel Durão Barroso, introdujo el sistema de cuotas en Portugal cuando era primer ministro, pero por ahora no se decanta ni en un sentido ni en otro. "Está dejando trabajar a Reding, que no es poco. Sabe bien que si quiere algo, luchará por ello y que nadie la va a frenar", comentan en la Comisión Europea.

La propuesta redactada por los servicios de Reding, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, tiene forma de directiva; es decir sería de aplicación obligatoria para los Estados miembros. Otros comisarios creen en cambio que no debería ser más que una recomendación, de cumplimiento optativo.

Al departamento de Justicia de la Comisión Europea tampoco le disgusta totalmente esta alternativa, si no saca adelante la directiva: Reding ya libró (y ganó) la batalla por la rebaja de las tarifas de los teléfonos móviles en itinerancia basándose una recomendación. Y así empezó también la idea de poner lemas y fotografías disuasorias en los paquetes de tabaco. "Lo importante es aprobar una cifra y un calendario", explican fuentes comunitarias.

La directiva se propone conseguir que los consejos de administración de las grandes empresas estén compuestos, de aquí al 2020, de forma progresiva, de un 40% de mujeres, un cambio que justifica por la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y por razones económicas. En aras de la igualdad de sexos, el texto no habla de cuota femenina sino de garantizar la presencia de al menos un 40% del "sexo infrarrepresentado": se optaría por este siempre que haya dos candidatos de diferente sexo con iguales cualificaciones. El borrador legislativo pide sanciones para las empresas infractoras y deja en manos de los estados elegir entre cuatro tipos: multas administrativas, denegación del acceso a ciertas subvenciones, a concursos públicos o anulación de los nombramientos.

La comisaria ha adoptado un enfoque pragmático. La normativa no se aplicaría a las pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados o ingresos anuales inferiores a 50 millones de euros. Entre las grandes, sólo afectaría a aquellas que coticen en Bolsa (unas 5.000 en toda la UE). "El objetivo es que den ejemplo y poco a poco el resto de compañías también incorpore a más mujeres a sus equipos directivos", explican fuentes comunitarias.

A las empresas de titularidad pública se les exigiría alcanzar el objetivo del 40% ya en el año 2018. El borrador de la directiva deja margen de maniobra a las empresas para que, en caso de no encontrar un perfil femenino adecuado, puedan optar por un hombre, aunque a Reding le sorprende que esto sea posible tan a menudo como pretenden las empresas, cuando casi el 60% de los licenciados universitarios en la UE son mujeres.