Por Lola Pérez Carracedo
Indignadas ante los contínuos ataques a la Ley Integral, las organizaciones han decidido denunciar públicamente la estrategia de acoso y derribo a una ley que era necesaria, que "no podía ser un milagro", pero que suplió a una serie de medidas dispersas e ineficaces.
Según Enriqueta Chicano, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, la violencia de género ha sido convertida por el Partido Popular en un "problema político dentro de una estrategia contra las leyes socialistas que generan derechos".
Las organizaciones de mujeres hacen un llamamiento a quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. Piden al gobierno que haga cumplir la ley, a las Comunidades Autónomas que la apliquen y a los operadores jurídicos que tutele los derechos que protege.
Las asociaciones de mujeres defienden la ley integral como una "ley de leyes", atacada desde muchos frentes ya que, como aseveró María Durán, jurista reputada miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, "contra esta ley ha habido más cuestiones de inconstitucionalidad que contra todas las leyes de la Democracia".
Ana María Pérez del Campo, Presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, reiteró en que hay una clara campaña contra esta ley y que "con el terrorismo de género no se juega".
También hubo referencias al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la Ley de Igualdad, para valorar, según Durán, que al cuestionar la paridad el PP demuestra que "no se fía de las mujeres".
Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, aseguró que la Red ha solicitado reuniones con todos los grupos políticos para exigir el cumplimiento y la no instrumentalización política de la Ley. La Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género está compuesta, además de las organizaciones mencionadas, por Mujeres Vecinales, Enclave Feminista, Mujeres en Red, la Asociación de Mujeres por un envejecimiento saludable y AMECO.
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