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La portavoz socialista, Carmen Montón, incide en que esta reforma ha de enmarcarse en una estrategia de educación, planificación familiar y prevención. Afirma que una reforma legislativa no influye en el número de interrupciones voluntarias del embaraz, sino que dará “garantías y seguridad”.
La portavoz del Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Montón, ha hecho hoy una valoración del desarrollo de las comparecencias de expertos que se están llevando a cabo en la Subcomisión parlamentaria que estudia la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
A falta de dos sesiones para concluir estas comparecencias, la portavoz socialista ha constatado el alto grado de acuerdo entre los comparecientes en la necesidad de reformar la ley vigente, para dar “mayores garantías médicas y mayor seguridad jurídica para las mujeres y los profesionales sanitarios”. Una reforma que, “como están aconsejando mayoritariamente los comparecientes, se plasmaría en una Ley que combine plazos y supuestos”.
Carmen Montón ha hecho hincapié en que “esta reforma legislativa ha de hacerse dentro del marco de una estrategia de salud pública, donde prime la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos”, con el objetivo de “prevenir y disminuir el número de embarazos no deseados”, en la línea de la campaña presentada esta semana por el Ministerio de Sanidad y Consumo dirigida a los más jóvenes.
La portavoz socialista ha sostenido que “es falso que una reforma legislativa vaya a influir en el incremento del número de interrupciones voluntarias del embarazo que se realicen” y ha puesto el ejemplo de Holanda que, pese a ser el país europeo que tiene una ley de plazos más dilatada, tiene uno de los menores índices de IVE y presenta una tendencia a la baja en el número de abortos.
“Lo que sí puede aportar una nueva legislación es mayor garantía y seguridad”, ha insistido.
Finalmente, Carmen Montón ha mostrado la esperanza de que las comparecencias de expertos, médicos, juristas y organizaciones de mujeres celebradas en el Congreso, “ayuden al PP a pensar que la vigente Ley es obsoleta y que hay que dar un paso más y reformarla, para evitar las insuficiencias que se han puesto de manifiesto, como la inseguridad jurídica que provoca en las mujeres y los profesionales sanitarios”.
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