Recogida de firmas por la Ley de Protección a la Dependencia

POR LA LEY DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA

En España 4.579.573 familias cuidan a personas que no se valen por sí mismas para comer, ir al retrete, lavarse, acortarse o levantarse la de la cama. En el 9,1% de los hogares se trata de niñas o niños de corta edad, en el 5% de mayores de 65 años con discapacidad grave y en el 0,6% de personas con discapacidad menores de edad.

El cuidado en casa de 1.623.391 personas mayores de 65 años recae en 227.275 trabajadoras del servicio doméstico (muchas de ellas inmigrantes sin papeles) y en 1.396.116 cuidadores familiares, que en el 84% de los casos son mujeres (esposas, hijas, nueras, hermanas), tienen una edad media de 53 años y dedican a ello un tiempo medio de 10,6 horas diarias durante 8 años.

Sólo un 6% de estas personas dependientes son atendidas por los servicios sociales, por lo que la situación crea a las familiares cuidadoras problemas de salud, empleo, gastos y pérdida de descanso, el ocio y la vida personal.

La construcción de un sistema público y universal de atención a la dependencia requeriría 5.750 millones de euros anuales, el 0,7% del PIB y crearía 350.000 puestos de trabajo. Aun recordando que España dedica a protección social el 20% del PIB mientras la media de la Europa de los 15 es de 27%, la magnitud del esfuerzo requiere un gran pacto social como el que permitió la universalidad de la educación, del sistema de pensiones o de la atención sanitaria.

POR ELLO, LAS ASOCIACIONES Y PERSONAS FIRMANTES PEDIMOS: Un gran pacto social por la Protección de la Dependencia con participación de las organizaciones de mujeres junto a los sindicatos y otras organizaciones sociales, en sus prioridades y plan de etapas que se prevé hasta 2012, para que nuestras vidas no sean el precio de la vida de otros. La Ley de Protección a la Dependencia debe contemplar:

1.- Es una necesidad social urgente. El Gobierno debe cumplir el acuerdo con los agentes sociales de 2001 y su programa electoral sin desaprovechar la mitad de su legislatura 2004-2008.

2.- Dotación presupuestaria adecuada al reconocimiento de la protección por dependencia como un derecho subjetivo individual: 2.500 millones de euros en el año 2008 y 5.750 millones de euros en el año 2012. Nos parece insuficiente la dotación de 30 millones de euros en 2008.

3.- Progresiva universalidad de la prestación: en 8 años las 2.264.971 personas con dependencia (moderada, severa o total) en España deben tener derecho a las prestación del sistema, sin discriminación por edad, sexo, origen de la dependencia, comunidad autónoma de residencia o nacionalidad, con igualdad en el acceso y en el sistema de valoración y reconocimiento.

4.- Carácter de prestación del Sistema Público de Seguridad Social.

5.- Gestión descentralizada a cargo de los ayuntamientos (servicios socales de base) y comunidades autónomas, con garantías de inmediatez y agilidad).

6.- Financiación compartida por las administraciones locales, autonómicas y estatal, mediante el desarrollo del modelo de Plan Concertado de Servicios Sociales, donde los usuarios aporten según sus rentas, garantizando siempre el acceso de las personas sin recursos.

7.- Prestación preferente de servicios públicos sociales o sociosanitarios, cuya cartera de servicios debe incluir: teleasistencia para la dependencia leve; para la dependencia moderada: teleasistencia, ayuda a domicilio mínima de 2 horas/día, viviendas tuteladas y centros de día; para la dependencia severa: centros de día y residencias asistidas y para la dependencia total: residencias asistidas.

8.- Sistema complementario de apoyo a cuidadoras/es familiares (ayuda a domicilio incluyendo fines de semana, estancias temporales en vacaciones, etc.) y ayudas económicas para la adaptación de la vivienda o el puesto de trabajo o adquisición de bienes adaptados a personas con discapacidad.

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